Colombia busca al FMI: qué está pasando con las finanzas públicas
El Gobierno de Abelardo De la Espriella ordenó iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional ante las presiones sobre las cuentas públicas. Por ahora, no existe un nuevo crédito aprobado ni un programa de ajuste acordado.
Colombia volverá a conversar con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Abelardo De la Espriella anunció el 27 de septiembre que ordenó al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y al equipo económico comenzar conversaciones con el organismo internacional para buscar alternativas frente a la situación fiscal del país.
El anuncio se produjo después de que el Gobierno señalara que las necesidades de financiamiento han aumentado y que las cuentas públicas presentan un deterioro. Durante su alocución, el presidente describió la situación como, según su diagnóstico, la más crítica de la historia y afirmó que el Estado enfrenta dificultades para atender simultáneamente el servicio de la deuda y los gastos de funcionamiento.
Sin embargo, hay una precisión importante: Colombia no tiene en este momento un nuevo préstamo del FMI aprobado como consecuencia de este anuncio. Tampoco existe un programa de ajuste acordado. El primer paso será definir qué tipo de mecanismo podría negociarse y bajo qué condiciones.
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¿Por qué Colombia acudirá nuevamente al FMI?
La decisión está relacionada principalmente con la situación de las finanzas públicas y las necesidades de financiamiento del Estado.
El Gobierno sostiene que existe una brecha entre los recursos disponibles y las obligaciones que debe atender. En su intervención del 27 de septiembre, De la Espriella afirmó que las finanzas públicas se encuentran en rojo y que el país ha tenido que recurrir a mayores niveles de endeudamiento.
La Presidencia también atribuyó parte de la situación al comportamiento del gasto y del endeudamiento durante la administración anterior. Estas son afirmaciones del Gobierno actual sobre las causas de la situación fiscal y forman parte del debate político y económico que acompaña el anuncio.
El punto central de las conversaciones con el FMI será determinar qué herramientas puede utilizar Colombia para mejorar su trayectoria fiscal y atender sus necesidades de financiamiento.
¿Colombia ya pidió un préstamo?
No.
Este es uno de los aspectos que conviene diferenciar después del anuncio presidencial.
Lo que existe actualmente es una instrucción para comenzar conversaciones con el FMI. El Gobierno todavía debe establecer qué instrumento pretende solicitar, si busca recursos, una línea de respaldo, acompañamiento técnico o algún otro mecanismo.
El Colombiano señala que no existe todavía un nuevo crédito aprobado ni un programa de ajuste acordado. Cualquier eventual acuerdo tendría que definir sus características y condiciones.
Por eso, hablar de un nuevo préstamo ya aprobado sería adelantarse a una negociación que apenas comienza.
¿Qué es lo que podría negociarse?
El Gobierno todavía no ha presentado públicamente todos los detalles de la propuesta que llevará al organismo internacional.
Entre los elementos que podrían estar sobre la mesa se encuentran la trayectoria del déficit, el crecimiento de la deuda, las necesidades de financiamiento y las condiciones para recuperar una senda fiscal sostenible.
El debate también incluye el costo que tiene para el Estado financiarse y la posibilidad de mejorar las condiciones de acceso a recursos internacionales.
Expertos consultados por El Colombiano plantearon diferentes interpretaciones sobre el acercamiento. Marcela Meléndez, de Fedesarrollo, señaló que el acompañamiento del FMI podría servir para construir una trayectoria fiscal creíble y facilitar eventualmente el acceso a otros organismos multilaterales. José Ignacio López, de Anif, destacó el papel que podría tener el diálogo para corregir las cuentas públicas y acceder a financiamiento en mejores condiciones.
Estas son opiniones de analistas sobre las posibles implicaciones de la negociación y no constituyen un acuerdo anunciado entre Colombia y el FMI.
¿Qué muestran las cifras fiscales?
Uno de los elementos utilizados para explicar la preocupación por las cuentas públicas es la evolución prevista del déficit y la deuda.
El Banco de la República ha señalado un escenario de riesgo para 2027 en el que el déficit del Gobierno Nacional Central podría alcanzar 9,4 % del PIB y la deuda neta llegar a 66,2 % del PIB si no se adoptan medidas correctivas. Es importante aclarar que se trata de un escenario de riesgo, no de una meta oficial de déficit o deuda.
El FMI también ha advertido previamente sobre el deterioro de las cuentas fiscales colombianas. En su evaluación de 2025 señaló que el déficit fiscal del Gobierno central pasó de 4,2 % del PIB en 2023 a 6,7 % en 2024, mientras la deuda pública bruta alcanzó 61,2 % del PIB al cierre de 2024.
Estas cifras ayudan a entender por qué el Gobierno considera necesario buscar alternativas de financiamiento y respaldo internacional.
¿Qué relación tiene Colombia con el FMI?
Colombia es miembro del Fondo Monetario Internacional desde 1945 y ha utilizado diferentes instrumentos financieros a lo largo de las décadas.
Uno de los antecedentes más importantes ocurrió en 1999, cuando el país acordó un programa con el FMI por aproximadamente 1.957 millones de derechos especiales de giro, equivalentes entonces a unos 2.700 millones de dólares. Ese acuerdo estuvo acompañado de medidas de ajuste fiscal, reformas tributarias y controles sobre el gasto.
Otro episodio ocurrió durante la pandemia de covid-19. Colombia utilizó una Línea de Crédito Flexible y en diciembre de 2020 realizó un desembolso de alrededor de 5.400 millones de dólares.
Para agosto de 2026, Colombia ya no tenía obligaciones pendientes con el FMI asociadas a esa línea. Además, en octubre de 2025 el país había cancelado una Línea de Crédito Flexible aprobada en abril de 2024, que tenía un acceso potencial de 6.133,5 millones de derechos especiales de giro, sin que Colombia hubiera realizado desembolsos.
¿Qué podría cambiar para las finanzas del país?
El resultado de las conversaciones podría tener implicaciones que van más allá de obtener o no recursos.
Uno de los asuntos centrales será determinar cómo Colombia puede reducir sus necesidades de financiamiento y mejorar la trayectoria de sus cuentas fiscales.
Si eventualmente se llegara a un acuerdo que incluya compromisos fiscales, el Gobierno podría tener que establecer metas relacionadas con déficit, deuda, gasto público o ingresos. Sin embargo, esas condiciones todavía no han sido anunciadas, por lo que no es posible afirmar qué medidas concretas tendrá que adoptar el país.
También podría estar en juego la percepción de los mercados internacionales sobre la capacidad de Colombia para ordenar sus finanzas.
El acercamiento al FMI ocurre además mientras el Gobierno impulsa medidas de ajuste del gasto. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ya había anunciado un recorte de 21,9 billones de pesos en el gasto público de 2026 y planteado la necesidad de reducir el desequilibrio fiscal.
¿Cómo podría afectar a los colombianos?
La discusión fiscal puede tener efectos sobre diferentes áreas de la economía, aunque el impacto concreto dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno y de cualquier eventual acuerdo con el FMI.
Entre los temas que podrían verse relacionados están el gasto público, la inversión estatal, el costo del endeudamiento, las tasas de interés y el espacio disponible para financiar nuevos programas o proyectos.
También puede afectar las condiciones en las que empresas y hogares acceden al crédito, especialmente si cambia el costo de financiamiento de la Nación.
Por ahora, sin embargo, no existe un paquete de medidas del FMI que permita determinar exactamente cómo cambiarían los impuestos, el gasto público o los programas estatales.
¿El FMI impondrá un ajuste a Colombia?
Todavía no existe un acuerdo que permita responder afirmativamente a esa pregunta.
Los programas tradicionales del FMI pueden incluir compromisos de política económica y metas fiscales, pero Colombia aún no ha anunciado qué instrumento busca negociar ni cuáles serían sus eventuales condiciones.
El Gobierno sí ha hablado previamente de austeridad y reducción del gasto. En septiembre, De la Espriella presentó medidas de ajuste fiscal y planteó una reducción de diferentes partidas presupuestales.
Por eso, es necesario distinguir entre el ajuste fiscal que el Gobierno ya está implementando por decisión propia y las posibles condiciones de una futura negociación con el FMI.
¿Qué sigue ahora?
El siguiente paso será que el Ministerio de Hacienda y el equipo económico establezcan el alcance de las conversaciones con el organismo internacional.
Todavía deben conocerse aspectos como:
- qué instrumento busca Colombia;
- si habrá solicitud de recursos;
- cuánto dinero podría requerirse;
- qué compromisos fiscales se plantearían;
- cuáles serían los plazos;
- y si eventualmente se llegaría a un programa formal.
El Gobierno ha definido como objetivo encontrar una salida negociada a las dificultades fiscales. Mientras tanto, el país continuará enfrentando el reto de financiar sus obligaciones y mejorar sus indicadores fiscales.
El anuncio, por ahora, representa el inicio de una negociación y no la aprobación de un nuevo crédito. Esa diferencia será clave para entender las próximas decisiones económicas del Gobierno.
La discusión que queda abierta
El acercamiento al FMI vuelve a colocar las finanzas públicas colombianas en el centro de la discusión económica.
El Gobierno de De la Espriella sostiene que recibió una situación fiscal deteriorada y que necesita encontrar mecanismos para reducir las presiones sobre las cuentas públicas. La administración anterior y otros sectores pueden presentar interpretaciones diferentes sobre las causas y responsabilidades del deterioro fiscal, por lo que esas afirmaciones deben distinguirse de los datos económicos verificables.
Lo que sí está confirmado es que Colombia iniciará conversaciones con el FMI, que el Ministerio de Hacienda estará al frente del proceso y que todavía no existe un nuevo crédito ni un programa de ajuste acordado.
El desarrollo de esas conversaciones permitirá conocer si el acercamiento termina en un acuerdo formal, qué compromisos asumiría el Estado y cuáles serían sus efectos sobre el gasto, la deuda y las condiciones de financiamiento del país.
