Roberto Prieto se declaró inocente en el caso Odebrecht: jueza avaló imputación
El exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos cuestionó los argumentos de la Fiscalía y aseguró que no entendía cómo habría participado en los hechos investigados. La jueza consideró que los cargos fueron formulados de manera clara.
El proceso judicial por la presunta financiación irregular de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014 volvió a tomar protagonismo. José Roberto Prieto Uribe, quien fue gerente de esa campaña, quedó formalmente vinculado a una nueva investigación penal relacionada con el escándalo de Odebrecht.
Durante la audiencia realizada en Bogotá el 11 de noviembre de 2026, la jueza tercera de control de garantías avaló la imputación presentada por la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.
Prieto no aceptó los cargos y cuestionó la exposición de la Fiscalía. Según manifestó durante la diligencia, no logró identificar con claridad cuándo habría sostenido reuniones con representantes de la constructora brasileña, cuándo se habrían acordado los pagos ni en qué momento habría conocido la existencia de los servicios contratados.
Pese a los reparos de la defensa, el despacho judicial concluyó que el ente acusador había explicado suficientemente los hechos investigados y declaró legalmente formulada la imputación.
La discusión durante la audiencia
Uno de los momentos centrales de la diligencia se produjo cuando Prieto insistió en que no comprendía cuáles eran las conductas concretas que le atribuía la Fiscalía.
El exgerente manifestó que había escuchado la narración de la fiscal, pero que no encontraba una explicación precisa sobre su presunta participación en los acuerdos con Odebrecht y los pagos relacionados con la campaña presidencial.
Su abogado, Jesús Albeiro Yepes, también cuestionó la formulación de los cargos. La defensa argumentó que no se habían explicado suficientemente las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni la manera en que Prieto habría intervenido en la recepción o gestión de los recursos.
La Fiscalía respondió que el núcleo de la imputación no estaba limitado a las reuniones con representantes de Odebrecht. Según su explicación, la conducta investigada consistiría principalmente en la presunta omisión de reportar ante el Consejo Nacional Electoral los gastos y la donación relacionados con un contrato de prestación de servicios celebrado con Paddington Ventures.
La fiscal sostuvo que los encuentros que habrían permitido conocer la existencia del negocio ocurrieron en enero de 2014 y que la ejecución del contrato y los pagos se produjeron durante el periodo en el que Prieto ejercía como gerente de campaña.
La jueza respaldó la posición de la Fiscalía en cuanto a la claridad de la imputación. También precisó que el análisis de las pruebas y la determinación de la responsabilidad penal corresponden a una etapa posterior del proceso, no a la audiencia destinada a comunicar los cargos.
El contrato de un millón de dólares que investiga la Fiscalía
El origen de la investigación está en un contrato por un millón de dólares para realizar estudios y hacer seguimiento a la candidatura presidencial de Juan Manuel Santos durante la campaña de 2014.
Según la hipótesis de la Fiscalía, Odebrecht habría financiado esos servicios mediante Paddington Ventures, una sociedad panameña vinculada a la agencia de publicidad Sancho BBDO.
Los estudios contemplaban actividades como evaluar piezas publicitarias, medir la percepción ciudadana, analizar el comportamiento electoral y elaborar recomendaciones estratégicas para la campaña.
Para los investigadores, el punto central es que esos servicios habrían beneficiado la candidatura presidencial, pero el aporte no habría quedado registrado en los informes oficiales de ingresos y gastos entregados al Consejo Nacional Electoral.
La Fiscalía sostiene que el dinero habría superado los límites legales de financiación y que su presunta omisión en los reportes habría inducido a error a las autoridades electorales.
¿Por qué se habla de fraude procesal y enriquecimiento ilícito?
Los dos delitos imputados tienen relación con la manera en que, según el ente investigador, se presentó la información financiera de la campaña.
Fraude procesal: la Fiscalía considera que la presunta omisión del aporte de Odebrecht habría llevado a las autoridades electorales a aprobar información financiera que no reflejaba todos los gastos y contribuciones recibidos durante la campaña.
Enriquecimiento ilícito de particulares: el ente acusador relaciona este delito con los recursos reconocidos por concepto de reposición de votos, que habrían sido obtenidos a partir de la aprobación de los informes financieros cuestionados.
De acuerdo con la información presentada durante la audiencia, el informe de ingresos y gastos registrado por Prieto reportó un total de $13.503 millones y no incluyó donaciones.
La Fiscalía también señaló que el Consejo Nacional Electoral reconoció $576 millones por reposición de votos correspondientes a la primera vuelta presidencial de 2014. Para el ente acusador, ese reconocimiento estaría relacionado con la presunta presentación de información incompleta.
Estas afirmaciones corresponden a la hipótesis de investigación y deberán ser examinadas en el desarrollo del proceso judicial.
Un contrato diferente fue archivado por la Fiscalía
En medio de las investigaciones relacionadas con Odebrecht y Sancho BBDO, la Fiscalía tomó una decisión distinta frente a otro negocio.
Se trata de un contrato firmado en 2015 por cerca de $2.500 millones, cuyo objeto estaba relacionado con la prestación de servicios de publicidad.
En ese expediente, el ente investigador concluyó que los servicios contratados sí se habían realizado y que los pagos estaban justificados. Por esa razón, archivó esa investigación.
Sin embargo, se trata de un contrato diferente al que está bajo análisis en el proceso contra Prieto por la presunta financiación de la campaña presidencial de 2014.
El archivo de ese expediente no significa que haya terminado la investigación relacionada con el aporte de un millón de dólares atribuido a Odebrecht.
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Los antecedentes disciplinarios de Roberto Prieto
El caso también tiene antecedentes en el ámbito disciplinario. En 2023, la Procuraduría General de la Nación sancionó a Prieto con una inhabilidad de 12 años y una multa de aproximadamente $50,5 millones por irregularidades relacionadas con la información financiera de la campaña presidencial de 2014.
La decisión disciplinaria se fundamentó en las inconsistencias encontradas en los reportes de ingresos y gastos, particularmente frente a las contribuciones y ayudas en especie que habrían sido recibidas.
Este antecedente corresponde a una actuación de la Procuraduría y debe diferenciarse del nuevo proceso penal que adelanta la Fiscalía por fraude procesal y enriquecimiento ilícito.
¿Qué viene ahora para el exgerente de la campaña Santos?
Con la imputación avalada, el proceso penal continúa. La Fiscalía deberá sustentar las acusaciones y presentar los elementos probatorios que considere pertinentes, mientras que la defensa tendrá la posibilidad de controvertirlos y ejercer sus derechos procesales.
La discusión jurídica se concentrará en establecer si Prieto conoció y participó en la operación relacionada con Paddington Ventures, si tenía la obligación de reportar esos gastos y si la información presentada ante las autoridades electorales produjo los efectos que plantea la Fiscalía.
Por ahora, hay una decisión judicial que avala la formulación de los cargos, pero no una condena por los delitos imputados. Prieto rechazó las acusaciones y mantiene su posición frente a los hechos.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio la financiación de la campaña presidencial de 2014 y las relaciones entre Odebrecht, sus intermediarios y los servicios contratados durante la contienda electoral.
La investigación tendrá que determinar qué ocurrió con el aporte de un millón de dólares y si las actuaciones atribuidas a Prieto configuran los delitos que sostiene la Fiscalía.
