El expediente por presuntos vínculos con estructuras paramilitares seguirá en la Fiscalía, después de que la Corte Constitucional se abstuviera de definir qué entidad debe asumir la investigación. La disputa jurídica, sin embargo, continúa sin una decisión de fondo.
La investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos relacionados con la violencia paramilitar en Antioquia durante la década de 1990 continuará, por ahora, en manos de la Fiscalía General de la Nación. La Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver el conflicto de competencia que enfrenta al organismo investigador con la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La decisión fue adoptada por la Sala Plena el 9 de noviembre de 2026, con una votación de siete magistrados a favor y dos en contra. La ponencia estuvo a cargo de la magistrada Paola Meneses. Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto.
El pronunciamiento no establece cuál de las dos entidades tiene definitivamente la competencia para llevar el proceso. En consecuencia, el expediente permanece en la Fiscalía, que venía adelantando las diligencias judiciales.
La controversia se originó después de que la Comisión de Acusación solicitara recibir el expediente, argumentando que algunos de los hechos investigados podrían estar relacionados con el periodo presidencial de Uribe. La Fiscalía, por su parte, defendió que las conductas bajo investigación corresponden a hechos anteriores a su llegada a la Casa de Nariño.
¿Por qué la Corte Constitucional se abstuvo de decidir?
La Sala Plena consideró que no estaban configurados los presupuestos normativos y objetivos necesarios para resolver de fondo el conflicto de competencia.
En términos prácticos, esto significa que el alto tribunal no entró a determinar cuál institución debe asumir definitivamente el expediente. La decisión tampoco representa una absolución, una condena o el archivo de la investigación contra el expresidente.
La Silla Vacía explicó que la solicitud no cumplía las condiciones legales para que la Corte pudiera pronunciarse sobre el conflicto. Por eso, el resultado inmediato fue que el proceso permaneciera en la entidad que lo tenía a su cargo: la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
La votación de siete contra dos dejó constancia de las posiciones diferentes dentro de la Sala Plena. Los magistrados que salvaron su voto fueron Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis.
El Congreso considera que puede tener competencia sobre parte de los hechos
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes pidió formalmente el expediente el 26 de agosto de 2026.
El argumento de esa corporación se relaciona con el fuero constitucional de quienes han ejercido la Presidencia de la República. Según su planteamiento, algunos de los hechos investigados habrían ocurrido hasta 2003, cuando Uribe ya se encontraba en su primer periodo presidencial.
El expresidente gobernó Colombia entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010. Para la Comisión, esa coincidencia temporal justificaría que el Congreso examine los hechos que eventualmente se hubieran desarrollado durante el ejercicio de la Presidencia.
El presidente de la Comisión, Carlos Alberto Cuenca Chaux, también señaló que la solicitud estaba relacionada con la hipótesis de una presunta participación de Uribe en el delito de concierto para delinquir, en conexión con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas y que posteriormente fue conocido como Bloque Metro.
La Comisión sostuvo que, por la condición de aforado del exmandatario durante su periodo presidencial, debía estudiar si le correspondía asumir esa parte de la actuación.
La Fiscalía sostiene que los hechos investigados ocurrieron antes de la Presidencia
La Fiscalía General de la Nación rechazó la solicitud de traslado y defendió su competencia para continuar con las diligencias.
Su argumento central es que los hechos materia de investigación habrían ocurrido cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia y no en ejercicio de la Presidencia de la República.
En su respuesta, el ente investigador relacionó las conductas examinadas con presuntos vínculos del exmandatario con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). También indicó que, bajo los criterios jurídicos aplicables, le correspondía continuar la etapa de instrucción conforme a la Ley 600 de 2000.
La diferencia entre ambas posiciones está en el periodo en el que habrían ocurrido las conductas investigadas y en las consecuencias jurídicas que tendría la condición de aforado del expresidente.
Mientras la Comisión de Acusación considera que algunos hechos podrían extenderse hasta su etapa presidencial, la Fiscalía sostiene que la investigación corresponde a actuaciones anteriores a ese periodo.
Los hechos de Antioquia que están bajo investigación
El expediente está relacionado con episodios de violencia ocurridos en Antioquia durante la década de 1990. Entre los hechos mencionados por las autoridades y en los reportes sobre la investigación se encuentran:
- Masacre de El Aro: ocurrida en el municipio de Ituango.
- Masacre de La Granja: también registrada en Ituango.
- Hechos relacionados con San Roque: vinculados a la presunta conformación y operación de estructuras de autodefensa.
- Asesinato de Jesús María Valle Jaramillo: defensor de derechos humanos que denunció la violencia paramilitar en el departamento.
La investigación busca esclarecer posibles responsabilidades relacionadas con estos episodios y con el presunto accionar de estructuras armadas ilegales.
Entre las conductas investigadas se mencionan presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. Las hipótesis de la Fiscalía deben ser examinadas dentro del procedimiento judicial y no equivalen, por sí mismas, a una declaración de culpabilidad.
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¿Qué cambia con la decisión de la Corte?
El efecto inmediato es que la Fiscalía continúa con el expediente. Sin embargo, la Corte no resolvió de fondo la discusión sobre si la Comisión de Acusación debe asumir los hechos que, según el Congreso, podrían corresponder al periodo presidencial de Uribe.
Por esa razón, la decisión debe entenderse dentro de su alcance: el alto tribunal no definió la responsabilidad del expresidente ni cerró la controversia institucional sobre la competencia.
El caso sigue siendo relevante por la naturaleza de los hechos investigados y por la discusión sobre el alcance del fuero presidencial cuando una investigación involucra conductas que presuntamente ocurrieron en diferentes periodos de la trayectoria de un exmandatario.
La continuidad de las diligencias y cualquier nueva determinación sobre la competencia serán claves para conocer cómo avanza el expediente.