Fundación de la primera dama tendrá 48 horas para aclarar el manejo de $54.589 millones en donaciones
Un juez ordenó a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas completar la información solicitada por el senador Alejandro Ocampo sobre los aportes destinados a los damnificados del terremoto. La petición incluye conocer quiénes donaron, cómo se utilizaron los recursos y qué proyectos se financiarán con el dinero restante.
La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, vinculada a la primera dama Ana Lucía Pineda, deberá ampliar la información sobre las donaciones recibidas para atender a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.
La decisión judicial fue anunciada por el senador Alejandro Ocampo, quien aseguró que un juez concedió la tutela que presentó para obtener respuestas sobre los recursos recaudados por la organización.
Según el congresista, la fundación tendrá un plazo de 48 horas, contado desde la notificación de la decisión, para completar la respuesta a sus solicitudes. Entre los datos que busca conocer están el monto recibido, la identidad de los aportantes, la destinación de los recursos y los planes para ejecutar el dinero que todavía no se haya utilizado.
La controversia se concentra en los $54.589 millones que la organización reportó haber recibido, administrado y canalizado durante la campaña de ayuda a los damnificados.
El fallo representa un avance en la solicitud de información del senador, pero no constituye una declaración judicial de irregularidades en el manejo de las donaciones.
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¿Qué ordenó el juez sobre las donaciones de la primera dama?
De acuerdo con lo expuesto por Alejandro Ocampo, la decisión judicial exige que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas responda de fondo los interrogantes que quedaron pendientes sobre la administración de los aportes.
El congresista explicó que había presentado tres derechos de petición y que esta era la segunda tutela que promovía para conseguir la información.
Ocampo sostuvo que la fundación debía precisar cuánto dinero recibió, quiénes realizaron las donaciones, qué ocurrió con los recursos y cuáles son los planes para utilizar los fondos restantes.
La solicitud también busca conocer los soportes que permitan verificar la distribución de las ayudas y el avance de los proyectos anunciados para la reconstrucción de las zonas afectadas.
El plazo de 48 horas mencionado por el senador comienza a contarse desde la notificación de la orden judicial, según su explicación pública.
Alejandro Ocampo insiste en conocer el destino de los $54.589 millones
Uno de los puntos centrales de la discusión es el monto que la propia fundación reportó en su balance de gestión.
Según la información divulgada por la organización, recibió y canalizó $54.589 millones para atender la emergencia. Ocampo considera necesario conocer con mayor detalle cómo se administró esa suma y qué resultados concretos se obtuvieron con los aportes.
El congresista también ha cuestionado que una campaña promovida desde el Gobierno utilice una fundación privada como canal para recibir donaciones sin que exista suficiente información pública sobre su ejecución.
Su reclamo se enfoca en la trazabilidad de los recursos y en la posibilidad de que los ciudadanos conozcan cómo se utilizaron los aportes realizados para ayudar a las familias damnificadas.
La discusión no se limita a conocer el valor total recaudado. También incluye identificar los proyectos financiados, los beneficiarios y los documentos que respaldan las entregas.
¿De dónde provienen las donaciones recibidas por la fundación?
La Fundación Colombia Luz y Sonrisas presentó el 16 de octubre de 2026 un informe en el que señaló que los recursos recibidos provenían del sector privado y que no había utilizado fondos públicos.
De acuerdo con ese balance, aproximadamente el 81 % de las donaciones correspondía a un aporte realizado por el Grupo Gilinski.
La organización también reportó que los recursos permanecían depositados en entidades financieras vigiladas y que su destinación estaba relacionada con los compromisos establecidos por los donantes.
En materia de gastos administrativos, el informe registró un presupuesto de $43.016.639, de los cuales se habían ejecutado $11.916.639 al momento de presentar el balance.
Estas cifras forman parte de la información divulgada por la fundación. La solicitud de Ocampo busca obtener explicaciones adicionales y documentos que permitan conocer con mayor precisión el manejo de los aportes.
La fundación asegura que los recursos se destinarán a la reconstrucción
La primera dama Ana Lucía Pineda ha explicado que su organización dividió la intervención en dos etapas: una de atención humanitaria y otra enfocada en la reconstrucción.
Según sus declaraciones, los recursos recibidos durante la campaña fueron reservados principalmente para la segunda fase, con proyectos destinados a recuperar infraestructura educativa, sanitaria y viviendas en los territorios afectados.
Pineda también manifestó que la fundación estableció alianzas iniciales con tres constructoras que han trabajado en las zonas impactadas por el terremoto.
En cuanto a la selección de las familias beneficiarias, explicó que se adelanta un proceso de identificación con las alcaldías, con el propósito de priorizar a quienes perdieron sus viviendas y cuentan con terrenos aptos para construir.
La fundación ha señalado que los proyectos se ejecutarán de acuerdo con sus cronogramas y las condiciones definidas por los aportantes.
Sin embargo, el senador busca conocer los soportes que permitan establecer qué recursos están disponibles, cuáles tienen una destinación definida y cómo se verificará el cumplimiento de los compromisos.
¿Qué información deberá entregar la Fundación Colombia Luz y Sonrisas?
El reclamo de Alejandro Ocampo apunta a obtener respuestas concretas sobre distintos aspectos de la administración de las donaciones.
Entre los asuntos que busca aclarar están:
- El monto total de los recursos recibidos durante la campaña.
- La procedencia de los aportes y la información disponible sobre los donantes.
- La destinación del dinero recaudado.
- Los gastos administrativos asociados a la gestión de las donaciones.
- Los proyectos que recibirán financiación.
- Los recursos que permanecen disponibles.
- Los beneficiarios de las ayudas y los soportes de las entregas.
- Los mecanismos de seguimiento y control de los aportes.
También se busca establecer cómo se manejarán las donaciones en especie y qué procedimientos se utilizan para verificar su entrega a las comunidades.
La información deberá entregarse dentro de los límites establecidos por la decisión judicial y las normas de protección de datos personales.
Una discusión sobre transparencia y control ciudadano
El caso reabre el debate sobre las obligaciones de información de las organizaciones privadas que participan en campañas de ayuda promovidas desde el Gobierno.
La Fundación Colombia Luz y Sonrisas sostiene que los aportes recibidos son privados y que la organización presenta informes de gestión ante sus órganos directivos y sus donantes.
Por su parte, Ocampo argumenta que, al tratarse de una campaña impulsada públicamente para atender una emergencia nacional, los ciudadanos deben poder conocer el destino de los recursos que entregaron para ayudar a los damnificados.
El fallo judicial responde a la controversia sobre el derecho de petición y la obligación de completar la información solicitada. No determina que se hayan cometido delitos ni establece que la primera dama o la fundación sean responsables de un manejo irregular de las donaciones.
La atención ahora se concentra en la respuesta que entregue la organización y en los documentos que permitan verificar la destinación de los recursos.
¿Qué sigue después de la orden judicial?
El siguiente paso será que la fundación complete la información dentro del plazo señalado por el juez, una vez sea notificada de la decisión.
Alejandro Ocampo manifestó que espera recibir una respuesta integral y advirtió que estará atento a cualquier actuación que pueda afectar el cumplimiento de la orden.
La información que entregue la organización será clave para conocer qué parte de los recursos continúa disponible, cuáles proyectos avanzan y cómo se realizará el seguimiento a las ayudas destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto.
Por ahora, el debate gira alrededor de una pregunta central: cómo se están utilizando los recursos que miles de ciudadanos y empresas entregaron para apoyar a los damnificados
