Corte Suprema ordena revisar contratos de Deicy Jiménez en el Senado
La Sala de Instrucción dispuso una inspección judicial en la Secretaría General del Senado para recopilar los documentos de las vinculaciones contractuales de la denunciante. La diligencia hace parte de las verificaciones relacionadas con sus señalamientos contra Gustavo Petro.
El caso de Deicy Jiménez, quien denunció presuntos ofrecimientos de contratos públicos a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro, tuvo un nuevo movimiento judicial. La Corte Suprema de Justicia ordenó realizar una inspección en la Secretaría General del Senado para obtener directamente los documentos de los contratos que la mujer habría tenido en esa corporación.
La decisión fue adoptada por el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, de la Sala Especial de Instrucción. El objetivo es reunir información que permita contrastar los vínculos contractuales de Jiménez con las declaraciones que ha entregado en el marco de las actuaciones judiciales.
La diligencia representa un nuevo paso en la recolección de elementos relacionados con las denuncias que involucran al expresidente y con las posibles irregularidades en la contratación pública.
¿Qué documentos busca la Corte Suprema en el Senado?
La inspección judicial tiene como propósito obtener los expedientes contractuales de Deicy Jiménez durante su paso por el Congreso de la República.
La documentación permitirá revisar las condiciones de sus vinculaciones, las funciones asignadas y los procedimientos administrativos que se siguieron para formalizar los contratos.
Uno de los puntos mencionados en las declaraciones de Jiménez corresponde a una contratación en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la entonces senadora María José Pizarro.
Según la versión entregada por la denunciante a la revista Semana, ese contrato habría tenido un valor de $34 millones y estaría relacionado con labores de apoyo a la gestión de la Primera Vicepresidencia del Senado.
Jiménez afirmó que su vinculación habría sido facilitada por Gustavo Petro. Estos señalamientos hacen parte de las versiones que deberán ser contrastadas por las autoridades.
Los diez contratos que fueron señalados por una concejal
El caso también generó cuestionamientos después de que la concejal de Bogotá Sandra Forero informara que su equipo identificó diez contratos relacionados con Deicy Jiménez entre 2021 y 2026.
De acuerdo con la información divulgada por la cabildante, siete contratos corresponderían al Congreso de la República, dos al Ministerio del Interior y uno a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
El valor acumulado de esas vinculaciones fue estimado en aproximadamente $133 millones.
Forero anunció que presentó denuncias ante la Procuraduría y la Contraloría para solicitar que se investiguen las condiciones de contratación, los pagos y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
La revisión de esos documentos busca establecer si los servicios contratados fueron prestados y si los procedimientos se ajustaron a las normas de contratación estatal.
¿Qué relación tiene María José Pizarro con el caso?
Uno de los aspectos mencionados por Deicy Jiménez en sus declaraciones es su supuesto paso por la Unidad de Trabajo Legislativo de María José Pizarro, cuando esta se desempeñaba como senadora.
La denunciante aseguró que esa vinculación se habría producido por recomendación de Gustavo Petro y que la entonces congresista conocía esa circunstancia.
El contrato mencionado tendría un valor de $34 millones y estaría relacionado con actividades de apoyo a la gestión de la Primera Vicepresidencia del Senado.
La información deberá ser examinada junto con los documentos oficiales y las demás pruebas que se incorporen al expediente. Las declaraciones de Jiménez no constituyen por sí mismas una determinación judicial sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.
La Corte también ordenó revisar el celular de Deicy Jiménez
Paralelamente a la inspección en el Senado, la Sala Especial de Instrucción ordenó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizar una extracción forense de la información almacenada en el teléfono celular de Jiménez.
La diligencia busca recuperar archivos, videos, conversaciones de WhatsApp, mensajes de texto y otros contenidos que puedan tener relación con las denuncias.
La entrega del dispositivo fue prevista para el jueves 5 de noviembre de 2026, con acompañamiento de un funcionario de la Corte Suprema.
La defensa de Jiménez anunció que también incorporaría al proceso un video que la mujer publicó en sus redes sociales el 4 de noviembre y en el que aparece junto a Gustavo Petro.
El análisis técnico del dispositivo permitirá determinar qué información puede ser relevante para las investigaciones y si los contenidos aportan elementos que respalden o contradigan las versiones conocidas.
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¿Qué investiga la Corte Suprema sobre Gustavo Petro?
Las actuaciones judiciales están relacionadas con las denuncias de Deicy Jiménez, quien afirmó que habría recibido contratos estatales después de establecer una relación con Gustavo Petro.
La mujer también habló de una presunta red de entre 30 y 40 mujeres que, según su versión, habrían obtenido vinculaciones con entidades públicas en circunstancias similares.
Entre los posibles hechos que deben verificarse se encuentran presuntos delitos de tráfico de influencias y celebración indebida de contratos.
La investigación busca establecer si existieron actuaciones irregulares para facilitar vinculaciones laborales y si estas tuvieron alguna relación con los beneficios personales que denuncia Jiménez.
Hasta el momento, los señalamientos deben entenderse como denuncias en investigación y no como hechos judicialmente demostrados.
¿Qué sigue en el proceso?
La inspección en el Senado y el análisis forense del teléfono celular hacen parte de la recolección de elementos probatorios que adelanta la Corte Suprema.
Los documentos contractuales, las comunicaciones y los testimonios podrán ser contrastados para determinar las circunstancias en las que se produjeron las vinculaciones y si existen elementos que permitan establecer responsabilidades.
El desarrollo del caso dependerá de los resultados de estas diligencias y de las decisiones que adopte la Sala de Instrucción conforme avance el proceso.
La investigación vuelve a poner bajo observación los mecanismos de contratación en las entidades estatales y los controles que deben garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
