La exsenadora solicitó cambiar la audiencia presencial en la que debe entregar su versión sobre el reclutamiento de menores en las antiguas Farc. Una de las víctimas pidió que se mantenga la diligencia y reclamó respuestas.
La solicitud de Sandra Ramírez para modificar su comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) generó una nueva reacción de las víctimas del conflicto armado. La exsenadora pidió que la diligencia prevista dentro del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto, se realice mediante un cuestionario escrito y no de manera presencial.
La petición fue presentada por su defensa a pocas horas de la audiencia programada para el 4 de noviembre de 2026. Entre los argumentos expuestos están las amenazas de muerte, los hostigamientos y la presunta estigmatización pública que, según sus abogados, afectarían las condiciones de seguridad de la compareciente.
Sin embargo, la propuesta provocó el rechazo de Deisy Dorelly Guanaro, una de las víctimas que ha señalado a Ramírez por hechos ocurridos cuando pertenecía a las antiguas Farc. Guanaro pidió a la JEP mantener la fecha de la diligencia y evitar nuevas demoras en el esclarecimiento de los hechos.
¿Qué pidió Sandra Ramírez a la JEP?
La defensa de la exsenadora solicitó reemplazar la versión presencial por un cuestionario que reúna las preguntas de la Sala de Reconocimiento, las referencias incluidas en la investigación, las demandas de verdad presentadas por las víctimas acreditadas y los interrogantes de la Procuraduría.
Además, pidió que se le conceda un plazo de 30 días para preparar y entregar las respuestas, de acuerdo con la información publicada por SEMANA.
Los abogados argumentaron que la exposición pública del caso y las amenazas que, según sostienen, ha recibido Ramírez podrían comprometer su integridad. También señalaron que la metodología escrita ha sido utilizada en otros procedimientos de la jurisdicción.
La solicitud no significa que la exsenadora haya quedado eximida de comparecer ni que la JEP haya aceptado modificar la diligencia. La decisión corresponde a los magistrados encargados del proceso.
Deisy Guanaro pidió que no se aplace la diligencia
Una de las reacciones más contundentes fue la de Deisy Dorelly Guanaro, quien manifestó su desacuerdo con la petición de la defensa y reclamó que la audiencia se mantenga en la fecha establecida.
La mujer, que ha denunciado hechos relacionados con el reclutamiento de menores y presuntas violencias sexuales dentro de las antiguas Farc, cuestionó que se modifique la forma de la diligencia cuando las víctimas llevan años esperando respuestas.
Guanaro sostuvo que su expectativa es que la comparecencia permita avanzar en el esclarecimiento de los hechos y que los relatos de quienes sufrieron estos crímenes sean escuchados por la justicia transicional.
Su pronunciamiento volvió a poner sobre la mesa una de las principales exigencias de las víctimas: conocer qué ocurrió, quiénes tuvieron conocimiento de los hechos y qué responsabilidades pudieron existir dentro de la estructura guerrillera.
Los señalamientos que deberá examinar la justicia transicional
Dentro de los relatos que serán puestos en conocimiento de la Sala está el de Guanaro, quien ha contado que fue trasladada a San Vicente del Caguán cuando tenía 12 años.
En declaraciones entregadas a SEMANA, afirmó que varias niñas fueron obligadas a desfilar ante integrantes de la comandancia de las Farc y formuló señalamientos contra antiguos miembros de esa organización. También atribuyó a Sandra Ramírez actuaciones relacionadas con esos hechos.
Otros testimonios de víctimas acreditadas, algunas de ellas con identidad reservada, han señalado presuntas conductas de permisividad u órdenes relacionadas con el reclutamiento de menores con fines de explotación sexual.
Estos señalamientos hacen parte del material que debe ser examinado y contrastado por la JEP. No constituyen, por sí solos, una declaración judicial de responsabilidad contra Ramírez.
La diligencia busca precisamente escuchar su versión, confrontar los relatos con otros elementos probatorios y establecer qué información puede aportar sobre los hechos investigados.
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¿Qué investiga el Caso 07 de la JEP?
El Caso 07 está dedicado al reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes durante el conflicto armado colombiano. La investigación también aborda otras formas de violencia que pudieron afectar a los menores dentro de las estructuras armadas, entre ellas las violencias sexuales y reproductivas.
De acuerdo con las cifras divulgadas por SEMANA, el proceso cuenta con 11.277 víctimas acreditadas: 2.250 individuales y 9.027 que participan de manera colectiva, en representación de cinco pueblos indígenas y un consejo comunitario afrocolombiano.
Además, 26 antiguos integrantes de las Farc, de niveles nacionales y territoriales, han sido llamados a reconocer su máxima responsabilidad dentro del caso.
La información recopilada por la jurisdicción incluye testimonios, versiones de antiguos integrantes de la guerrilla y otros elementos que deben ser contrastados antes de adoptar decisiones sobre atribución de responsabilidad.
¿Qué puede pasar con la solicitud de Sandra Ramírez?
La JEP debe determinar si acepta que Ramírez entregue su versión mediante respuestas escritas o si mantiene la diligencia presencial prevista para el 4 de noviembre.
La decisión es relevante para el desarrollo del Caso 07, pues la comparecencia busca esclarecer el papel que habría desempeñado la exintegrante de las Farc, su posición dentro de la organización y el conocimiento que pudo tener sobre los hechos denunciados por las víctimas.
Por ahora, la petición de la defensa y las declaraciones de las víctimas reflejan dos posiciones frente a la metodología de la diligencia. El punto central sigue siendo que la justicia transicional avance en la búsqueda de verdad y contraste los testimonios con las pruebas disponibles.
La decisión de la JEP será determinante para conocer cómo continuará esta comparecencia y bajo qué condiciones se escuchará la versión de Sandra Ramírez.