María Claudia Tarazona hizo público el contenido de una conversación que recibió antes del magnicidio. El mensaje mencionaba a Marcos Calarcá, una supuesta financiación desde Venezuela y una posible orden desde el Senado. La Fiscalía adelanta diligencias para comprobar la información.
La investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay enfrenta nuevas preguntas después de que María Claudia Tarazona, su viuda, revelara el contenido de mensajes que, según explicó, recibió antes del atentado del 7 de junio de 2025.
En una entrevista con Blu Radio, Tarazona leyó parte de una conversación en la que una fuente advertía sobre la preparación de un ataque contra Uribe Turbay y mencionaba la posibilidad de que otros precandidatos del Centro Democrático también estuvieran en riesgo.
El mensaje señalaba a Marcos Calarcá, nombre utilizado por Luis Alberto Albán, y afirmaba que la orden del atentado habría salido del Senado. También sostenía que el dinero para organizarlo habría sido gestionado en Venezuela.
Las afirmaciones provocaron nuevas reacciones políticas y llevaron al presidente del Senado, Honorio Henríquez, a solicitar una investigación prioritaria. La Fiscalía, por su parte, confirmó que está verificando la información entregada por Tarazona.
Por ahora, las declaraciones y el contenido de los mensajes deben entenderse como información que está siendo examinada por las autoridades, no como una demostración de responsabilidad penal de las personas mencionadas.
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¿Qué decía el chat revelado por María Claudia Tarazona?
Según la publicación de Semana, el mensaje leído por Tarazona advertía que un grupo de personas estaría organizando un atentado y mencionaba directamente a Marcos Calarcá.
En otro fragmento, la fuente aseguraba que la orden habría salido del Senado y recomendaba extremar las medidas de seguridad. El mensaje también atribuía a Venezuela el origen de los recursos económicos para ejecutar el plan.
Tarazona explicó que recibió información de una persona cuya identidad no ha sido divulgada públicamente. Según su relato, el material incluía conversaciones y otros datos que entregó a la Fiscalía para que fueran evaluados.
La viuda sostiene que estos elementos justifican investigar quiénes pudieron ordenar o financiar el crimen, más allá de quienes participaron directamente en el ataque.
Sin embargo, todavía deben esclarecerse aspectos esenciales: quién envió los mensajes, cómo obtuvo la información, si sus afirmaciones son verificables y qué relación podrían tener con la planeación del asesinato.
La existencia de una advertencia previa no demuestra automáticamente que todas las afirmaciones incluidas en ella sean ciertas. Su valor para el proceso dependerá de las verificaciones judiciales.
La Fiscalía adelanta diligencias para comprobar la información
La Fiscalía General de la Nación confirmó que recibió información relacionada con los mensajes y que adelanta actividades de policía judicial para verificar su origen y contenido.
Según información conocida por CAMBIO, Tarazona envió un correo electrónico el 3 de septiembre con datos que habría recibido de una persona cuya identidad aún se desconoce. En el correo se adjuntaron conversaciones que también habrían llegado a Paloma Valencia, excandidata presidencial del Centro Democrático.
La Fiscalía no entregó detalles sobre las actuaciones específicas debido a la reserva legal de la investigación.
Este punto es clave para entender el alcance de las revelaciones: las autoridades están verificando el material, pero la reserva impide conocer públicamente qué resultados han obtenido o qué hipótesis consideran respaldadas por pruebas.
El objetivo de las diligencias será determinar si la información aporta elementos útiles para establecer quiénes habrían intervenido en la planeación, financiación u orden del magnicidio.
¿Por qué se menciona a Marcos Calarcá?
El nombre de Marcos Calarcá aparece en el mensaje que Tarazona leyó durante la entrevista. Se trata del alias de Luis Alberto Albán, antiguo representante a la Cámara por el partido Comunes, quien ocupó una curul hasta el 20 de julio de 2026.
La mención de su nombre en una conversación no demuestra que haya participado en el asesinato ni que haya impartido una orden. Esa eventual relación debe ser examinada por los investigadores con base en pruebas verificables.
Tarazona pidió que se investigue si personas que estuvieron vinculadas al Congreso pudieron tener alguna participación en la determinación del crimen. Su solicitud incluye la revisión de la hipótesis de que la orden habría surgido en ese escenario político.
La discusión también involucra al partido Comunes, integrado por antiguos integrantes de las Farc que participaron en el proceso de reincorporación derivado del acuerdo de paz de 2016.
La colectividad rechazó los señalamientos y afirmó que está dispuesta a atender los requerimientos de las autoridades. También advirtió sobre los riesgos de presentar hipótesis como hechos comprobados y pidió respeto por el debido proceso.
Hasta que exista evidencia que permita establecer responsabilidades individuales, no es correcto atribuir el magnicidio a una persona o colectividad únicamente por su mención en los mensajes.
Honorio Henríquez pidió una investigación prioritaria
Las declaraciones de Tarazona también tuvieron repercusiones en el Congreso. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que se adelante una investigación rigurosa y prioritaria para establecer la veracidad de las afirmaciones.
Henríquez sostuvo que el país necesita conocer quiénes estuvieron detrás del asesinato y que cualquier persona que resulte implicada debe responder ante la justicia.
El dirigente también señaló que no le corresponde anticipar conclusiones sobre la posible participación de integrantes del Legislativo. Su petición busca que la Fiscalía determine si existen elementos para abrir o profundizar líneas de investigación relacionadas con el origen de la supuesta orden.
La solicitud tiene relevancia institucional porque las afirmaciones apuntan a un posible vínculo entre el crimen y personas que habrían tenido presencia en el Congreso. No obstante, la petición del presidente del Senado tampoco constituye una confirmación de esas acusaciones.
La responsabilidad de establecer los hechos corresponde a la Fiscalía y a los jueces competentes.
¿Qué se sabe sobre los responsables del magnicidio?
Miguel Uribe Turbay fue atacado a tiros el 7 de junio de 2025 durante una actividad política en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en Bogotá. Murió semanas después como consecuencia de las heridas sufridas.
La investigación ha avanzado sobre la participación de personas vinculadas con la ejecución y la intermediación del atentado. En información reportada por Caracol Radio, Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, reconoció su papel como intermediario y señaló a la Segunda Marquetalia como la organización que ordenó y financió el crimen.
Las nuevas declaraciones de Tarazona plantean interrogantes adicionales sobre posibles conexiones políticas y el origen de la orden. Sin embargo, las hipótesis divulgadas en los mensajes deben contrastarse con las pruebas y con los elementos que ya forman parte del expediente.
Una cosa es identificar a quienes ejecutaron o coordinaron materialmente el ataque y otra establecer si hubo personas que lo determinaron desde otros espacios. Precisamente, Tarazona pide que la investigación profundice en esa segunda cuestión.
Las preguntas que siguen abiertas
La revelación del chat deja varios asuntos pendientes de esclarecimiento:
- ¿Quién envió los mensajes y qué información tenía sobre el atentado?
- ¿Pueden verificarse las afirmaciones sobre el origen de la financiación?
- ¿Existe evidencia independiente que respalde la supuesta orden desde el Senado?
- ¿Los datos entregados permiten identificar a posibles autores intelectuales o intermediarios adicionales?
- ¿Qué conclusiones puede comunicar la Fiscalía sin comprometer la reserva del proceso?
Las respuestas dependerán de las diligencias judiciales y de la posibilidad de corroborar la información recibida por Tarazona.
Por ahora, la Fiscalía adelanta verificaciones y los actores políticos involucrados han fijado sus posiciones. La investigación debe continuar con rigor, sin descartar información relevante, pero también sin convertir señalamientos en conclusiones anticipadas.
El objetivo central sigue siendo esclarecer quiénes ordenaron, financiaron y ejecutaron el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Las nuevas revelaciones abren preguntas importantes, pero será la evidencia judicial la que determine si las advertencias recibidas antes del atentado conducen a responsabilidades concretas.