El ministro de Justicia calificó como delicados los señalamientos y pidió que sean investigados con garantías judiciales. Las declaraciones se conocen en medio de la controversia por las acusaciones de la exfuncionaria sobre presuntas irregularidades durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Las revelaciones de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer continúan generando reacciones en el escenario político colombiano. Esta vez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, se refirió a las acusaciones divulgadas y calificó como delicado su contenido, al tiempo que insistió en la necesidad de que las autoridades competentes esclarezcan los hechos.
El pronunciamiento se produjo después de que Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación y cercana durante varios años a Alcocer, entregara su versión sobre presuntas irregularidades relacionadas con el entorno de la entonces primera dama. Entre sus afirmaciones mencionó posibles movimientos de dinero, supuestos vínculos con actividades ilícitas y el eventual uso de un avión oficial para transportar recursos.
Cancino evitó presentar los señalamientos como hechos comprobados y destacó la importancia de respetar el debido proceso. Su reacción se suma a la controversia que ha generado la entrevista de Ferrer y a las solicitudes de distintos sectores políticos para que se investiguen las acusaciones.
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Cancino pide que las denuncias sean investigadas
El ministro de Justicia sostuvo que las denuncias deben ser examinadas por las instituciones correspondientes, sin importar quiénes sean las personas mencionadas.
En declaraciones recogidas, Cancino manifestó que el contenido conocido es delicado y que debe analizarse dentro de los procedimientos legales. También hizo referencia a las actuaciones anunciadas por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría.
Su postura pone el foco en la necesidad de que los organismos competentes verifiquen las afirmaciones, revisen las pruebas disponibles y determinen si existen elementos suficientes para adoptar decisiones judiciales o disciplinarias.
La reacción del ministro no representa una conclusión sobre la responsabilidad de Alcocer ni de las demás personas mencionadas por Ferrer. En un caso de esta naturaleza, las acusaciones deben ser contrastadas con evidencia y las personas señaladas tienen derecho a ejercer su defensa.
Las acusaciones de Eva Ferrer que generaron controversia
En la entrevista publicada, Ferrer formuló señalamientos contra Verónica Alcocer y personas de su círculo cercano durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Entre las afirmaciones más graves, la exfuncionaria aseguró que durante un viaje a Venezuela, realizado en enero de 2023, se habrían transportado US$2,5 millones en un avión oficial. También mencionó presuntos movimientos de dinero y supuestas actividades ilícitas relacionadas con personas cercanas a la entonces primera dama.
Estas declaraciones provocaron reacciones de figuras políticas y llamados a que las autoridades revisen los hechos denunciados. Sin embargo, la publicación de un testimonio no demuestra por sí misma que los acontecimientos hayan ocurrido como fueron descritos.
Para establecer la veracidad de las afirmaciones será necesario verificar registros de vuelo, documentos, testimonios y cualquier otro elemento probatorio pertinente. Las autoridades deberán determinar qué información puede corroborarse y si los hechos podrían tener consecuencias penales o disciplinarias.
El Gobierno anunció revisiones sobre los vuelos oficiales
La controversia también llevó al presidente Abelardo De la Espriella a pronunciarse sobre las denuncias. Según información publicada, el mandatario ordenó una investigación exhaustiva en la Fuerza Aeroespacial Colombiana para esclarecer los hechos denunciados y establecer si hubo participación de integrantes de la institución.
El presidente afirmó que, si se comprueba la implicación de miembros de la Fuerza Aeroespacial, deberán responder ante las autoridades competentes. También pidió a organismos judiciales y de control tomar nota de la información divulgada y actuar dentro de sus respectivas atribuciones.
Estas medidas se relacionan con la necesidad de verificar si los vuelos oficiales mencionados en las denuncias se realizaron y quiénes viajaron en ellos. No obstante, la orden de investigar no constituye una confirmación de que se haya cometido un delito.
Verónica Alcocer ha rechazado las acusaciones
En medio de la controversia, Verónica Alcocer ha rechazado públicamente los señalamientos divulgados anteriormente.
En una comunicación dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, sostuvo que las afirmaciones que pretenden atribuirle conductas o actuaciones irregulares carecen de fundamento. También manifestó su disposición a atender los requerimientos de las autoridades y expresó confianza en que cualquier esclarecimiento se realice a partir de pruebas obtenidas legalmente.
Alcocer indicó, además, que ninguna persona está autorizada para gestionar compromisos en su nombre ante entidades públicas, autoridades o particulares.
Su respuesta constituye un antecedente importante para presentar el caso de manera equilibrada: mientras Ferrer ha formulado acusaciones, Alcocer las ha negado y ha pedido que se esclarezcan con base en evidencia.
¿Qué sigue en la investigación?
El siguiente paso será establecer qué elementos pueden verificarse y cuáles son las actuaciones que adelantan las autoridades. La Fiscalía deberá determinar si existen pruebas que justifiquen avanzar en una investigación penal, mientras que los organismos de control actuarán dentro de sus competencias.
La revisión de los vuelos oficiales, los registros de pasajeros y los documentos relacionados con los movimientos de dinero podría ser relevante para contrastar algunas de las afirmaciones divulgadas. Sin embargo, cualquier conclusión deberá sustentarse en evidencia y no únicamente en declaraciones públicas.
La reacción de Iván Cancino vuelve a poner el caso en el centro del debate político. Por ahora, la prioridad será esclarecer los señalamientos sin anticipar responsabilidades y garantizar que las personas mencionadas puedan ejercer su derecho a la defensa.
El resultado de las investigaciones determinará si las denuncias tienen sustento y si corresponde adoptar medidas judiciales o disciplinarias.