La senadora María Clara Posada divulgó fragmentos de una audiencia de Rodrigo Londoño ante la JEP y cuestionó el tono de la diligencia. Timochenko respondió que la congresista violó la reserva de un proceso judicial. La jurisdicción, entretanto, recordó sus conclusiones sobre los crímenes cometidos durante los secuestros de las Farc.
Una nueva controversia política y judicial se abrió alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) después de que la senadora María Clara Posada divulgara fragmentos de una audiencia reservada en la que Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko durante su época como comandante de las Farc-EP, entregó su versión sobre los secuestros cometidos por esa organización.
La congresista, perteneciente al Centro Democrático, utilizó las imágenes y declaraciones para cuestionar el funcionamiento de la justicia transicional y la manera como se desarrolló la diligencia. Londoño, por su parte, reaccionó señalando que Posada había vulnerado la reserva de un proceso judicial.
El episodio ocurre en medio de una discusión más amplia sobre el papel de la JEP, el reconocimiento de responsabilidad por parte de los antiguos integrantes de las Farc y los derechos de las víctimas del conflicto armado.
¿De dónde salió la grabación?
El material corresponde, según la información divulgada, a una diligencia realizada el 14 de febrero de 2019, presidida por la magistrada Julieta Lemaitre.
María Clara Posada aseguró que conoció las imágenes a través de una fuente anónima y posteriormente decidió hacerlas públicas. La senadora cuestionó que una audiencia de estas características permaneciera bajo reserva y sostuvo que el contenido mostraba una actitud que, desde su perspectiva, resultaba incompatible con la gravedad de los hechos investigados por la JEP.
Uno de los fragmentos divulgados muestra a Londoño hablando sobre las condiciones en las que permanecían los secuestrados.
En la declaración, el excomandante de las Farc afirmó que dentro de la organización existían criterios relacionados con el “buen trato” y la alimentación de las personas retenidas. También negó que la tortura hiciera parte de esas instrucciones.
Estas declaraciones generaron críticas y reacciones políticas debido a la distancia entre ese relato y las conclusiones que posteriormente ha establecido la JEP sobre los secuestros.
Timochenko responde a la senadora
Tras la divulgación de las imágenes, Rodrigo Londoño cuestionó directamente a María Clara Posada.
El excomandante sostuvo que la senadora había violado la reserva de un proceso judicial y calificó esa conducta como un delito. Además, argumentó que la divulgación podía afectar la verdad judicial, el proceso restaurativo y los derechos de las víctimas y de los comparecientes.
Ese señalamiento corresponde a la posición expresada públicamente por Londoño. La publicación de los videos, por sí sola, no constituye una decisión judicial que determine la responsabilidad penal de Posada.
El punto central de la controversia está precisamente en establecer cuáles son las reglas aplicables a la información obtenida dentro de una diligencia reservada y quién puede divulgarla públicamente.
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La senadora cuestiona la manera en que se desarrolló la audiencia
Posada no centró sus críticas únicamente en la reserva.
La congresista también cuestionó el ambiente que, según su interpretación, se observa en las grabaciones. En publicaciones realizadas en redes sociales señaló que las imágenes muestran una excesiva cercanía entre los magistrados y Londoño.
La senadora planteó además una comparación con el tratamiento que habrían recibido integrantes de la Fuerza Pública que comparecieron ante la justicia transicional y que no aceptaron responsabilidad por determinados hechos.
Sus cuestionamientos forman parte de una crítica política más amplia contra la JEP y contra algunos aspectos de su funcionamiento.
En las últimas semanas, Posada también ha denunciado posibles irregularidades relacionadas con contratación, infraestructura y recursos de la jurisdicción, incluyendo cuestionamientos sobre la sede de la entidad y otros convenios. Estas son denuncias y cuestionamientos formulados por la congresista y no equivalen, por sí mismos, a hallazgos judiciales definitivos.
¿Qué ha dicho la JEP sobre los secuestros?
Mientras la discusión política se concentra en los videos, existe un elemento judicial que resulta fundamental para entender el contexto.
La JEP ha explicado que, dentro del Caso 01, relacionado con la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc-EP, la Sala de Reconocimiento encontró que existían directrices internas relacionadas con el llamado “buen trato” a los cautivos.
Sin embargo, la jurisdicción también concluyó que esas directrices no se cumplieron en la práctica.
Según la JEP, las personas secuestradas quedaron expuestas a las condiciones impuestas por los integrantes encargados de su custodia y fueron víctimas de diferentes conductas criminales durante el cautiverio.
Esta precisión es relevante porque permite separar dos elementos distintos: lo que Londoño manifestó durante aquella audiencia de 2019 y las conclusiones judiciales posteriores de la JEP sobre lo ocurrido con las víctimas.
Las investigaciones incluyen graves crímenes
La JEP ha señalado que en el Caso 01 fueron imputados 63 antiguos integrantes de las Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la toma de rehenes y las graves privaciones de la libertad.
Entre los antiguos miembros del Secretariado incluidos en esas actuaciones se encuentra Rodrigo Londoño.
La jurisdicción también ha documentado imputaciones por conductas como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual.
Los documentos oficiales de la JEP muestran que las investigaciones no se limitaron a determinar quién tomó decisiones sobre los secuestros. También buscaron establecer las órdenes impartidas dentro de la organización, las condiciones de los cautiverios y la responsabilidad de los antiguos comandantes frente a los hechos.
Una frase que volvió a encender el debate
La controversia aumentó por las declaraciones de Londoño relacionadas con las condiciones de los secuestrados.
En el fragmento divulgado, el excomandante habló de criterios de alimentación y de “buen trato”, además de negar que la tortura hubiera sido una práctica permitida por la organización.
La JEP, al reaccionar públicamente a la polémica, recordó que la existencia de una directriz interna no significó que esta fuera respetada en los campamentos.
Ese contraste es uno de los principales puntos de discusión: el relato entregado por Londoño en la audiencia y las conclusiones alcanzadas posteriormente por la jurisdicción sobre las condiciones reales de los cautiverios.
Timochenko también ha defendido a la JEP
La controversia tiene otro elemento llamativo.
Después de que se difundieran los videos y de que la JEP emitiera su explicación sobre el Caso 01, Londoño publicó un mensaje en defensa de la jurisdicción.
El antiguo comandante sostuvo que la JEP ha permitido conocer hechos ocurridos durante el conflicto, comprender la dimensión de las afectaciones a las víctimas y asumir responsabilidades. También afirmó que la justicia transicional ha tenido un efecto transformador sobre los actores del conflicto y sobre el país.
Esto muestra que el enfrentamiento actual no se centra únicamente en la existencia de las investigaciones, sino también en la manera como deben interpretarse las actuaciones de la JEP y el modelo de justicia transicional establecido después del Acuerdo de Paz.
¿Qué está realmente en discusión?
El episodio entre Timochenko y María Clara Posada reúne varias discusiones que hasta ahora se habían desarrollado por separado.
La primera es jurídica: determinar los alcances de la reserva de las actuaciones de la JEP y las consecuencias de divulgar información proveniente de una diligencia reservada.
La segunda es política: algunos sectores cuestionan el funcionamiento de la jurisdicción y consideran que debe existir mayor transparencia sobre sus actuaciones y recursos.
La tercera es judicial: la JEP continúa desarrollando sus investigaciones y decisiones relacionadas con los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Y existe una cuarta dimensión, relacionada directamente con las víctimas: cómo garantizar que los procesos de verdad, reconocimiento de responsabilidad y reparación permitan esclarecer lo ocurrido sin desconocer los derechos de quienes sufrieron los delitos.
Por ahora, la acusación de Timochenko contra Posada por una supuesta violación de la reserva corresponde a un señalamiento público y no a una condena judicial. Al mismo tiempo, las críticas de la senadora sobre la actuación de la JEP forman parte de un debate político que continúa abierto.
Lo que sí está documentado por la jurisdicción es que el Caso 01 estableció responsabilidades por graves crímenes relacionados con los secuestros de las Farc, incluyendo conductas que fueron mucho más allá de la simple privación de la libertad.
La divulgación de las grabaciones, por tanto, volvió a poner a la JEP bajo el foco público y abrió una discusión sobre los límites de la reserva, la transparencia de la justicia transicional y la forma en que debe conocerse la verdad sobre uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado colombiano.