El excontralor presentó denuncias ante la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones tras aparecer entre las personas mencionadas en reportes sobre presuntos seguimientos durante el Gobierno Petro.
El escándalo por los presuntos seguimientos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) suma un nuevo capítulo. Carlos Felipe Córdoba, excontralor general de la República, presentó denuncias contra Gustavo Petro para que se investigue si el entonces mandatario conocía las actividades de inteligencia que habrían tenido como objetivo a opositores, periodistas y funcionarios de organismos de control.
Se informó el 9 de octubre de 2026 que Córdoba acudió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y a la Fiscalía General de la Nación. En sus denuncias, el exfuncionario pidió esclarecer los hechos divulgados en una investigación periodística sobre presuntos perfilamientos realizados durante la administración anterior.
¿Qué motivó la denuncia del excontralor?
Córdoba aparece entre las personas mencionadas en los reportes sobre presuntas actividades de seguimiento y recopilación de información de la DNI. Según la publicación, el excontralor utilizó esos hallazgos como fundamento para solicitar que se investigue una eventual responsabilidad del expresidente.
En la denuncia ante la Comisión de Acusaciones, Córdoba hizo referencia a información publicada por el medio, incluida la afirmación de una fuente cercana a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), según la cual Petro habría recibido informes de inteligencia semanalmente.
A partir de ese señalamiento, el excontralor solicitó que se determine si el entonces presidente conocía las actividades cuestionadas y si pudo existir un uso indebido de información reservada.
También pidió examinar posibles conductas relacionadas con la utilización indebida de información privilegiada y el concierto para delinquir. Se trata de hipótesis planteadas en el marco de la denuncia, cuya validez debe establecerse mediante una investigación y no puede darse por probada a partir de su presentación.
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¿Qué se sabe sobre los presuntos seguimientos de la DNI?
La controversia se originó en una auditoría forense a la Dirección Nacional de Inteligencia cuyos resultados fueron divulgados a comienzos de octubre.
De acuerdo con ese medio, la revisión habría identificado posibles irregularidades en el manejo de información sensible y presuntas actividades de seguimiento a figuras políticas, periodistas y funcionarios que habrían sido considerados críticos del Gobierno.
Entre las personas mencionadas en los reportes aparecen el excontralor Córdoba, el exfiscal general Francisco Barbosa, la exvicefiscal Martha Mancera, la exprocuradora Margarita Cabello y los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque, entre otros.
Las publicaciones también plantearon interrogantes sobre el acceso a bases de datos, las posibles interceptaciones de comunicaciones y los mecanismos de control de las actividades de inteligencia.
Sin embargo, que una persona aparezca en un listado o en un informe periodístico no demuestra por sí solo que haya sido víctima de una actuación ilegal ni identifica automáticamente a los responsables. Esos aspectos deben ser verificados por las autoridades.
¿Por qué acudió a dos instancias?
Las denuncias fueron presentadas ante dos organismos con competencias diferentes.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tiene funciones relacionadas con las investigaciones sobre determinados altos funcionarios del Estado, incluido el presidente de la República en los términos previstos por la Constitución.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación puede investigar posibles delitos que estén dentro de su competencia y adelantar las actuaciones necesarias para establecer quiénes participaron en los hechos denunciados.
La intención de Córdoba es que se determine si hubo órdenes para realizar los presuntos seguimientos, quiénes habrían ejecutado esas actuaciones y si la información obtenida llegó a instancias del Gobierno.
La apertura o el avance de una investigación no implica que las acusaciones estén demostradas. Para establecer responsabilidades se requiere examinar documentos, registros, testimonios y demás elementos probatorios.
El caso se suma a otras denuncias
La iniciativa del excontralor se conoce después de que Francisco Barbosa, exfiscal general, también acudiera a la Fiscalía para solicitar que se investiguen los presuntos seguimientos de los que habría sido víctima durante el Gobierno Petro.
Barbosa pidió establecer quiénes habrían ordenado, ejecutado o recibido información obtenida mediante las actividades cuestionadas. Otros actores políticos y representantes de personas mencionadas en los reportes también han solicitado que se esclarezca el alcance de las presuntas irregularidades.
Estas actuaciones buscan determinar si existió una utilización irregular de las capacidades de inteligencia del Estado y si se vulneraron derechos fundamentales, como la intimidad y la privacidad de las comunicaciones.
El caso también abre interrogantes sobre los controles internos de los organismos de inteligencia, el acceso a información reservada y las garantías necesarias para impedir que estas herramientas se utilicen con fines ajenos a sus funciones legales.
¿Qué falta por esclarecer?
Por ahora, uno de los principales puntos pendientes es establecer quién habría impartido las órdenes para realizar los presuntos seguimientos y bajo qué justificación se recopilaron los datos.
También será necesario verificar la autenticidad y el alcance de los registros mencionados en los reportes, determinar si las actividades contaban con respaldo legal y establecer quiénes tuvieron acceso a la información.
En el caso particular de Córdoba, las autoridades deberán evaluar los elementos que presentó y decidir qué actuaciones corresponden dentro de sus competencias.
La denuncia contra Petro añade presión para que se esclarezca el manejo de la inteligencia estatal durante su administración. No obstante, la responsabilidad del expresidente o de otros funcionarios no puede darse por establecida mientras no existan conclusiones respaldadas por las autoridades competentes.
El desarrollo de las investigaciones será determinante para establecer si hubo irregularidades, quiénes participaron y cuáles serían las consecuencias jurídicas de los hechos que logren comprobarse.