Las personas mencionadas en una auditoría forense piden esclarecer quién ordenó las actuaciones, qué funcionarios participaron y qué ocurrió con la información recopilada.
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) vuelve a estar en el centro de la controversia por presuntas actividades de seguimiento y perfilamiento realizadas durante el gobierno de Gustavo Petro.
Según una investigación publicada, una auditoría forense revisó actuaciones de la entidad y encontró información relacionada con labores de recolección de datos sobre diferentes personas, entre ellas dirigentes políticos de oposición y figuras vinculadas a la campaña presidencial de Iván Cepeda.
Las revelaciones provocaron reacciones de varias de las personas mencionadas, quienes solicitaron que las autoridades determinen si las actuaciones tuvieron respaldo legal y, especialmente, quién habría impartido las instrucciones.
¿Qué reveló la auditoría?
La información publicada por Semana señala que la auditoría revisó el funcionamiento de la DNI y actividades desarrolladas durante administraciones anteriores.
Entre las personas que aparecen mencionadas están los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, el exfiscal Francisco Barbosa, la exvicefiscal Martha Mancera, la exprocuradora Margarita Cabello, el excontralor Carlos Felipe Córdoba, el exdirector del DAS Ramiro Bejarano y la directora de Semana, Vicky Dávila.
También aparece el nombre del senador Miguel Uribe Turbay, quien murió en agosto de 2025 después de sufrir un atentado sicarial.
La publicación sostiene que la entidad estuvo dirigida durante el periodo señalado por Carlos Ramón González, Jorge Lemus y Wilmar Mejía.
Sin embargo, la existencia de un reporte de auditoría y las denuncias de los afectados no establecen por sí mismas responsabilidades penales. Ese aspecto deberá ser determinado por las autoridades a partir de las pruebas y las investigaciones correspondientes.
Francisco Barbosa presentó una denuncia
El exfiscal general Francisco Barbosa fue uno de los primeros en reaccionar públicamente a las revelaciones.
Barbosa presentó una denuncia el 5 de octubre de 2026 y pidió que se investiguen las actuaciones atribuidas a la DNI.
El exfiscal sostuvo que las labores de inteligencia y las interceptaciones de comunicaciones están sujetas a límites legales y que cualquier actuación de este tipo debe contar con las autorizaciones correspondientes.
Su denuncia se suma a las solicitudes de otras personas que aparecen relacionadas en el informe citado por Semana.
Víctor Forero pidió revisar lo ocurrido durante el caso de Nicolás Petro
Otro de los nombres que reaccionó fue Víctor Forero, exinvestigador del CTI que participó en la primera etapa de la investigación contra Nicolás Petro Burgos.
Forero aseguró que había informado sobre el uso de capacidades y recursos de diferentes entidades estatales, entre ellas la DNI, la UIAF, la Policía y el Ejército.
Según su declaración, también puso en conocimiento de la investigación otras situaciones que, desde su perspectiva, deberían analizarse dentro del mismo contexto.
Estas afirmaciones forman parte de su versión sobre los hechos y deberán ser verificadas por las autoridades.
David Luna recordó un debate sobre la DNI
El exsenador David Luna también se pronunció sobre el caso.
Luna recordó que años atrás había citado a un debate de control político a Carlos Ramón González para preguntarle por denuncias relacionadas con la DNI.
Según relató, durante ese debate preguntó por equipos de inteligencia, un supuesto software para interceptar WhatsApp, inmuebles arrendados cerca de las viviendas de periodistas y la información que presuntamente se recopilaba sobre opositores y críticos del Gobierno.
Luna aseguró que González negó esas acusaciones bajo juramento.
La existencia de esas declaraciones previas es ahora parte del contexto que podría ser revisado en las investigaciones.
Lo que viene, te lo contamos en redes.
¿Qué quieren esclarecer las personas mencionadas?
Uno de los principales interrogantes planteados después de las revelaciones es quién tomó las decisiones relacionadas con las actuaciones investigadas.
Las solicitudes apuntan a establecer varios aspectos:
- Quién habría impartido las instrucciones.
- Qué funcionarios participaron.
- Qué mecanismos de inteligencia fueron utilizados.
- Qué información fue recolectada.
- Quién tuvo acceso a esos datos.
- Si existieron las autorizaciones legales correspondientes.
- Qué destino tuvo la información obtenida.
Resolver estos puntos será fundamental para determinar si las actuaciones denunciadas constituyeron irregularidades y, eventualmente, quiénes podrían tener responsabilidad.
También piden revisar el caso de Miguel Uribe Turbay
La situación adquiere una dimensión adicional por la aparición del nombre de Miguel Uribe Turbay entre las personas mencionadas en el reporte.
El senador murió en agosto de 2025 tras sufrir un atentado sicarial. La información publicada por Semana señala que su nombre aparece dentro del grupo de personas sobre las que se habría recolectado información.
El hecho ha llevado a que se planteen solicitudes para conocer qué información existía sobre sus movimientos y bajo qué circunstancias pudo haber sido recopilada.
No obstante, cualquier eventual relación entre esas actividades de inteligencia y el atentado deberá ser establecida exclusivamente mediante una investigación oficial y pruebas verificables.
Víctor Muñoz también pidió determinar responsabilidades
El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia durante el gobierno de Iván Duque, Víctor Muñoz, pidió esclarecer quién habría ordenado, ejecutado o encubierto las actuaciones denunciadas.
Su reacción se produjo después de las revelaciones de Semana y se sumó a las solicitudes de investigación planteadas por otras personas mencionadas.
La petición coincide con uno de los principales interrogantes que deja el caso: establecer la cadena de decisiones dentro de la entidad.
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La discusión vuelve a poner el foco en los organismos de inteligencia
El caso abre nuevamente el debate sobre los controles que deben existir alrededor de las capacidades de inteligencia del Estado.
La DNI tiene entre sus funciones la producción de inteligencia y contrainteligencia para asuntos relacionados con la seguridad nacional. Precisamente por el carácter reservado de buena parte de estas actividades, las investigaciones deberán establecer con documentos y evidencias qué actuaciones se realizaron y bajo qué fundamento.
Las personas que aparecen mencionadas en la auditoría han pedido que el proceso llegue hasta quienes tomaron las decisiones.
Por ahora, las revelaciones de la auditoría y las denuncias presentadas constituyen elementos que deberán ser examinados por las autoridades competentes. No existe todavía, a partir de la información publicada, una determinación judicial que establezca responsabilidades individuales.
¿Qué sigue en el caso?
La denuncia presentada por Francisco Barbosa y las solicitudes de investigación de otras personas podrían llevar a nuevas actuaciones de las autoridades judiciales.
El principal objetivo será reconstruir lo ocurrido: identificar las órdenes, determinar quiénes participaron, verificar las autorizaciones existentes y establecer qué ocurrió con la información recopilada.
El caso también podría generar nuevos interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión de los organismos de inteligencia en Colombia.
Mientras avanzan las investigaciones, el debate se concentra en una pregunta central: ¿quién ordenó las actuaciones que aparecen en la auditoría y con qué propósito?
La respuesta dependerá de las pruebas que logren recopilar las autoridades y de las decisiones que adopten dentro de los procesos correspondientes.