Presupuesto de la JEP en 2027: proponen recortar $100.000 millones y plantean reducir hasta la mitad los recursos
La discusión sobre el dinero de la Jurisdicción Especial para la Paz llegó al Congreso mientras el tribunal advierte sobre posibles efectos en sus investigaciones y atención a víctimas
El presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para 2027 quedó en el centro de una nueva controversia política en Colombia. La discusión comenzó con una propuesta del senador Enrique Gómez para retirar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP y trasladar esos recursos al Consejo Superior de la Judicatura. A esta iniciativa se sumó posteriormente la propuesta de la senadora María Clara Posada, quien planteó que la reducción debería llegar por lo menos al 50 % del presupuesto de la jurisdicción.
El debate se produce después de que la JEP solicitara $947.642 millones para 2027, mientras que el monto contemplado para la entidad en el proyecto presupuestal quedó inicialmente en alrededor de $821.000 millones. Es decir, existe una diferencia cercana a $125.000 millones entre lo solicitado por el tribunal y los recursos inicialmente previstos.
Con la propuesta adicional de retirar $100.000 millones, el presupuesto de la JEP quedaría en aproximadamente $721.803 millones, según las cifras citadas por Semana. La decisión, sin embargo, todavía depende del trámite legislativo del presupuesto y de las determinaciones que adopte el Congreso.
¿Quién propuso quitar $100.000 millones a la JEP?
El senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, presentó dos proposiciones relacionadas con el Presupuesto General de la Nación para 2027.
La primera busca reducir en $100.000 millones el presupuesto de funcionamiento de la JEP, mientras que la segunda plantea trasladar esos recursos al Consejo Superior de la Judicatura, entidad encargada de asuntos administrativos de la Rama Judicial.
Gómez ha cuestionado el funcionamiento de la jurisdicción y sostiene que los recursos deberían dirigirse hacia la justicia ordinaria, que enfrenta dificultades presupuestales y un alto volumen de procesos pendientes.
En declaraciones recogidas por Semana, el senador cuestionó el número de decisiones judiciales emitidas por la JEP y calificó la entidad como un espacio con un alto costo frente a los resultados que, según su interpretación, ha obtenido. Estas afirmaciones corresponden a los argumentos utilizados por el congresista para sustentar su propuesta.
La propuesta recibió respaldo público del presidente Abelardo De La Espriella, quien reaccionó favorablemente a la iniciativa en redes sociales.
¿Cuánto dinero recibiría la JEP si se aprueba el recorte?
La discusión parte de tres cifras diferentes que conviene separar.
La JEP había solicitado inicialmente $947.642 millones para garantizar su funcionamiento durante 2027. Posteriormente, el presupuesto contemplado para la jurisdicción quedó en aproximadamente $821.000 millones.
De acuerdo con las declaraciones entregadas por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, esa primera reducción representa alrededor de $125.000 millones menos frente a la solicitud inicial.
Sobre ese monto se plantea ahora retirar otros $100.000 millones.
En ese escenario, la JEP tendría aproximadamente $721.803 millones para 2027, según la cifra publicada por Semana.
La tercera cifra corresponde a la propuesta de la senadora María Clara Posada, quien planteó reducir los recursos de la jurisdicción en por lo menos la mitad.
Por ahora, esta última cifra representa una propuesta política y no una partida presupuestal aprobada.
¿Por qué María Clara Posada propone reducir el 50 %?
La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, cuestionó las declaraciones de Alejandro Ramelli frente a la reducción de $100.000 millones.
Posada sostuvo que, desde su perspectiva, el ajuste debería ser mucho mayor y planteó una reducción de por lo menos la mitad del presupuesto de la JEP.
Uno de los argumentos utilizados por la congresista está relacionado con los gastos de personal. Según las cifras que presentó públicamente, durante 2026 la JEP habría destinado $404.477 millones a nómina, mientras que el Ministerio de Justicia tendría un gasto de nómina citado por la senadora de $52.868 millones.
Estas cifras forman parte del argumento de Posada para solicitar un ajuste mayor y deben entenderse dentro de su posición política frente al funcionamiento de la jurisdicción.
¿Qué responde el presidente de la JEP?
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, rechazó la propuesta de reducción y sostuvo que los recursos de la entidad no están destinados exclusivamente al funcionamiento de los magistrados.
Según explicó, el presupuesto permite financiar diferentes funciones de la jurisdicción, entre ellas las labores de la Secretaría Ejecutiva, la Magistratura y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
Ramelli también señaló que la JEP debe asumir gastos relacionados con la protección de víctimas y comparecientes, además de las audiencias y las actividades necesarias para avanzar en las investigaciones.
El magistrado ha insistido en que la reducción presupuestal llega en una etapa que considera especialmente importante: el cierre de investigaciones y el avance de procesos relacionados con víctimas del conflicto armado.
Según su explicación, una reducción de recursos podría dificultar actividades como las investigaciones, las audiencias territoriales, el monitoreo de sentencias y los esquemas de seguridad.
La JEP advierte sobre seguridad de víctimas y comparecientes
Uno de los puntos que más ha resaltado Ramelli es el relacionado con los esquemas de protección.
El presidente de la JEP explicó que dentro de las responsabilidades que asume la jurisdicción están determinadas medidas de seguridad para víctimas y comparecientes. En declaraciones entregadas a medios, advirtió que una disminución presupuestal podría afectar la financiación de estas actividades.
También mencionó otros gastos asociados con el funcionamiento territorial de la jurisdicción, los sistemas de información, las audiencias y la infraestructura.
La posición de la JEP es que no se trata únicamente de reducir recursos administrativos, sino de garantizar que el tribunal pueda continuar desarrollando las funciones para las que fue creado.
¿Por qué la discusión llegó a organismos internacionales?
La controversia tomó una dimensión internacional después de que Ramelli anunciara que la JEP pondrá la situación en conocimiento de diferentes organismos.
Entre las instituciones mencionadas están el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator de Naciones Unidas sobre independencia judicial, los países garantes del Acuerdo de Paz y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
La JEP sostiene que las decisiones presupuestales deben garantizar las condiciones necesarias para mantener su autonomía y cumplir sus funciones constitucionales.
Ramelli también vinculó la discusión presupuestal con otro proyecto que plantea modificar el esquema de revisión de algunas decisiones de la jurisdicción y que, según la JEP, podría afectar su autonomía.
¿Qué otros cuestionamientos enfrenta la JEP?
La discusión presupuestal ocurre en medio de cuestionamientos políticos sobre el funcionamiento de la jurisdicción.
Uno de los principales argumentos de los sectores que respaldan los recortes está relacionado con la cantidad de recursos utilizados y los resultados obtenidos.
Enrique Gómez ha cuestionado particularmente el número de fallos y el ritmo de las decisiones judiciales. Semana recoge su afirmación de que la JEP había producido cuatro fallos y que el primero de ellos llegó en septiembre de 2025.
Desde la JEP, Ramelli ha defendido el trabajo desarrollado durante sus años de funcionamiento y ha señalado que la entidad concentra funciones que en otros ámbitos están distribuidas entre diferentes instituciones del Estado.
El magistrado explicó que la jurisdicción investiga, juzga, hace seguimiento al cumplimiento de sus decisiones y también debe atender determinadas obligaciones de protección.
Por ello, ambas posiciones parten de lecturas diferentes sobre cómo deben medirse los resultados y las necesidades presupuestales de la entidad.
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¿El recorte ya fue aprobado?
No.
La propuesta de retirar $100.000 millones hace parte de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 y todavía debe avanzar en el Congreso.
La propuesta de reducir 50 % el presupuesto tampoco constituye una decisión definitiva. Se trata de una posición planteada por la senadora María Clara Posada dentro de la controversia política.
Por ahora, la cifra que ya estaba contemplada para la JEP era inferior a la solicitada originalmente por el tribunal: aproximadamente $821.000 millones frente a los $947.642 millones pedidos para 2027.
Un debate que se cruza con el presupuesto general de Colombia
La discusión sobre la JEP hace parte de un debate presupuestal mucho más amplio.
El Presupuesto General de la Nación para 2027 fue aprobado por un monto cercano a $634,9 billones, pero después de la aprobación del monto global comenzó una nueva etapa relacionada con la distribución y los ajustes de las partidas.
En ese contexto, diferentes entidades del Estado han advertido sobre necesidades adicionales de recursos.
La Fiscalía, por ejemplo, también manifestó ante el Congreso que su presupuesto podría resultar insuficiente para garantizar el funcionamiento durante todo 2027.
La discusión sobre la JEP se suma entonces a una disputa más amplia sobre cuáles instituciones recibirán mayores recursos y cuáles deberán asumir reducciones en medio de las restricciones fiscales.
¿Cuánto dinero pidió la JEP para 2027?
La jurisdicción solicitó inicialmente $947.642 millones para atender sus necesidades presupuestales del próximo año.
¿Cuánto contempla inicialmente el presupuesto?
El proyecto contemplaba aproximadamente $821.000 millones para la JEP, unos $125.000 millones menos que la solicitud inicial.
¿Cuánto se propone retirar adicionalmente?
El senador Enrique Gómez planteó retirar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento y trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura.
¿De dónde salió la propuesta del 50 %?
La senadora María Clara Posada planteó que la reducción debería ser de por lo menos la mitad del presupuesto, como una posición adicional dentro del debate.
¿Qué dice la JEP sobre el recorte?
Alejandro Ramelli sostiene que una reducción de recursos podría afectar investigaciones, audiencias, seguimiento de sentencias y mecanismos de protección para víctimas y comparecientes.
¿Qué sigue ahora?
El futuro de las partidas de la JEP dependerá del trámite presupuestal en el Congreso y de las decisiones que se adopten sobre las proposiciones presentadas.
