El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección reforzar de inmediato las medidas de seguridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La decisión se produjo después de que un proyectil impactara una ventana del piso 26 de la sede de la Procuraduría en Bogotá, episodio que está bajo investigación y que, según una hipótesis preliminar de la Policía, podría corresponder a una bala perdida.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, después de conocer la preocupación manifestada por integrantes de la Sala de Casación Penal tras el hallazgo del impacto de un proyectil en una oficina de la sede principal de la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá.
El episodio ocurrió en una oficina ubicada en el piso 26 del edificio y provocó la apertura de una investigación para establecer de dónde salió el proyectil, bajo qué circunstancias llegó hasta ese lugar y si se trató de un hecho intencional.
La situación adquirió especial relevancia porque el impacto fue encontrado en la ventana de la oficina del procurador delegado Pedro Luis Bonilla, quien, según la información publicada, junto con el jefe del organismo disciplinario adelanta una investigación contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar.
Tras conocer la preocupación expresada por la Corte Suprema, el jefe de Estado ordenó a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) adoptar medidas inmediatas.
De La Espriella también envió un mensaje de respaldo a la Rama Judicial y aseguró que cualquier intento de amenazar o intimidar a los magistrados deberá ser investigado y judicializado.
Sin embargo, las primeras verificaciones policiales introducen un elemento fundamental: hasta el momento no está establecido que el proyectil corresponda a un ataque dirigido contra funcionarios de la Procuraduría o magistrados de la Corte.
De hecho, una de las primeras hipótesis de los investigadores contempla la posibilidad de que se trate de una bala perdida disparada con una pistola.
Presidente ordenó reforzar de inmediato la seguridad de los magistrados
La decisión presidencial se conoció después de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema manifestara inquietudes sobre las condiciones de seguridad de sus integrantes.
“He recibido la preocupación expresada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia frente a la seguridad de sus magistrados”, manifestó el mandatario.
Ante ese escenario, De La Espriella aseguró haber impartido instrucciones a las instituciones encargadas de la protección.
La orden fue dirigida específicamente a la Policía Nacional y a la UNP, que deberán reforzar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los magistrados.
El mandatario acompañó la determinación con una declaración en la que vinculó la protección de la Corte con la defensa de la institucionalidad.
“Quien se mete con la Corte, se mete con el presidente de la República”, afirmó De La Espriella, quien también sostuvo que nadie puede amenazar, intimidar o intentar doblegar a un magistrado o juez sin enfrentar consecuencias legales.
El mensaje presidencial elevó el nivel político e institucional de la respuesta, aunque las circunstancias exactas del impacto encontrado en la Procuraduría todavía están bajo investigación.
¿Qué ocurrió en el piso 26 de la Procuraduría en Bogotá?
El episodio que originó las alertas se registró en la sede principal de la Procuraduría General de la Nación.
En una ventana del piso 26 fue encontrado el rastro del impacto de un proyectil.
La oficina corresponde al procurador delegado Pedro Luis Bonilla.
El magistrado de la Corte Suprema José Joaquín Urbano envió posteriormente una comunicación al presidente de la Sala Penal y de la Corte Suprema en la que hizo referencia a lo ocurrido.
La preocupación está relacionada también con las funciones que desempeñan los funcionarios involucrados.
Según la información suministrada, Bonilla y el jefe del organismo disciplinario adelantan una investigación contra el exgobernador de La Guajira Kiko Gómez.
No obstante, con los elementos conocidos no puede establecerse una relación entre esa investigación y el proyectil encontrado en la sede de la Procuraduría.
Las autoridades policiales trabajan precisamente para determinar el origen del disparo y esclarecer si se trató de un hecho accidental o deliberado.
Policía investiga si el proyectil pudo ser una bala perdida
La Dijín de la Policía Nacional abrió una investigación previa después de recibir el reporte.
Los investigadores buscan establecer el modo en que ocurrieron los hechos, el lugar desde donde salió el proyectil y los eventuales responsables.
Entre las primeras conclusiones, los investigadores descartaron preliminarmente que se hubiera utilizado un francotirador, un fusil o un arma de largo alcance.
La información inicial indica que la trayectoria del proyectil podría apuntar hacia los cerros orientales de Bogotá.
Sin embargo, esto no significa que las autoridades hayan establecido que se trató de un atentado.
Por el contrario, la primera teoría explicada desde la Policía contempla el posible uso de una pistola y la hipótesis de que una bala perdida hubiera terminado impactando la ventana del piso 26 del organismo de control.
Esta diferencia resulta fundamental para interpretar el episodio.
Aunque las autoridades reforzaron preventivamente la seguridad de los magistrados y el presidente utilizó un mensaje contundente frente a eventuales amenazas, la investigación todavía no determina que el disparo estuviera dirigido contra una persona específica.
De La Espriella menciona a Kiko Gómez, pero investigación no establece responsable
En su pronunciamiento, el presidente fue más allá y mencionó directamente al exgobernador de La Guajira.
De La Espriella aseguró que, independientemente de quién pueda estar detrás de eventuales amenazas, esa persona deberá ser identificada y llevada ante la justicia.
En ese contexto mencionó a Kiko Gómez, pero lo hizo dentro de una afirmación condicional y no como una atribución de responsabilidad comprobada.
El mandatario sostuvo que las instituciones deben ser respetadas, que los jueces tienen derecho a ejercer sus funciones con independencia y que la justicia no puede ser intimidada.
Hasta el momento, la información suministrada no presenta evidencia que vincule a Gómez con el proyectil encontrado en la Procuraduría.
Tampoco existe en el material aportado una conclusión policial que determine que el episodio fue un atentado o una amenaza deliberada.
La investigación de la Dijín será la encargada de establecer las circunstancias.
Mientras se conocen esos resultados, la respuesta institucional estará enfocada en fortalecer preventivamente la seguridad de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
