Germán Calderón España presentó una denuncia para que la Fiscalía determine si hubo irregularidades en un contrato interadministrativo por hasta $1.500 millones entre el Dapre y RTVC. La solicitud cuestiona la contratación directa, la participación de terceros y pagos por pauta y otros servicios.
Una nueva denuncia relacionada con la contratación durante el gobierno de Gustavo Petro llegó a la Fiscalía General de la Nación. Germán Calderón España pidió investigar posibles irregularidades en un contrato suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC).
Calderón España, designado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella como líder del Equipo Élite Anticorrupción, señaló que presentó la denuncia con autorización del vicepresidente José Manuel Restrepo.
El objetivo es que la Fiscalía establezca si durante la planeación, estructuración, celebración y ejecución del contrato pudieron presentarse conductas contrarias a las normas de contratación estatal o irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos.
Contrato por hasta $1.500 millones
La denuncia se concentra en el Contrato Interadministrativo n.º 390 de 2026, celebrado entre el Dapre y RTVC.
Según la información presentada, el negocio tenía un valor de hasta $1.500 millones, con recursos correspondientes al rubro de servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información.
Su ejecución estaba prevista hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que ocurriera primero.
El contrato contemplaba servicios para la producción y transmisión de contenidos audiovisuales relacionados con las comunicaciones y funciones de la Vicepresidencia de la República.
Entre sus objetivos estaban el fortalecimiento de espacios participativos, la construcción de programas y estrategias para la defensa y garantía de derechos de sujetos de especial protección constitucional y la difusión de actividades, iniciativas y mensajes institucionales.
Cuestionan la contratación directa
Uno de los principales puntos señalados en la denuncia está relacionado con la utilización de la figura de contratación interadministrativa.
Calderón cuestiona que se hubiera recurrido a esta modalidad teniendo en cuenta que, según la denuncia, desde la estructuración del negocio se habría contemplado que parte de los servicios serían ejecutados mediante terceros y medios externos.
Por esta razón, solicita establecer si jurídicamente era procedente utilizar la contratación directa bajo esas condiciones.
La Fiscalía deberá determinar si la participación de terceros correspondía con la naturaleza y el alcance del contrato celebrado entre las dos entidades públicas.
Pagos por pauta y servicios de terceros, bajo la lupa
Otro de los aspectos incluidos en la denuncia está relacionado con los pagos realizados durante la ejecución del contrato.
Según el documento citado, las condiciones técnicas contemplaban actividades como presencia diaria en medios radiales externos y parrillas digitales.
Además, las facturas analizadas registrarían pagos relacionados con pauta, difusión, monitoreo y otros servicios contratados con terceros.
A estos conceptos se sumarían los honorarios o fees cobrados por RTVC.
La denuncia solicita que los investigadores establezcan cómo fueron estructurados estos pagos, cuál fue la participación de los terceros y si esas operaciones se ajustaron a las reglas aplicables a este tipo de contratación pública.
Fiscalía deberá establecer si hubo delitos
La solicitud presentada por Calderón pide específicamente determinar si durante la planeación, celebración y ejecución del contrato pudieron configurarse delitos contra la administración pública, particularmente conductas relacionadas con la celebración indebida de contratos.
También busca que se establezcan las eventuales responsabilidades individuales de quienes participaron en las diferentes etapas del negocio.
Por ahora, los señalamientos contenidos en la denuncia no constituyen una declaración de responsabilidad penal. Corresponderá a la Fiscalía analizar la documentación, verificar los hechos denunciados y determinar si existen elementos para avanzar con actuaciones judiciales.
