El chat de Petro y la renovación del contrato de Deicy Jiménez: así se reconstruye el caso
Una conversación del 12 de diciembre de 2025 y un contrato firmado en enero de 2026 pusieron bajo escrutinio la continuidad de Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior. Angie Rodríguez confirmó la autenticidad del mensaje y manifestó que está dispuesta a entregar más comunicaciones a la Justicia.
La contratación de Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior volvió a ocupar la agenda política nacional después de conocerse una conversación entre Gustavo Petro y Angie Rodríguez, quien entonces dirigía el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
El intercambio, divulgado por Noticias Caracol y retomado por SEMANA, contiene una instrucción del entonces presidente relacionada con la continuidad contractual de Jiménez. El mensaje fue enviado el 12 de diciembre de 2025, cuando la contratista tenía vigente un vínculo con esa cartera que debía finalizar al cierre del mismo mes.
La conversación cobra importancia por la coincidencia entre la solicitud y la posterior firma de un nuevo contrato. Los registros contractuales reseñados por los medios indican que Jiménez fue vinculada nuevamente en enero de 2026 por un valor superior a los $30 millones.
El episodio se conoce en medio de las denuncias de Jiménez sobre un presunto intercambio de encuentros íntimos por contratos públicos, señalamientos que Gustavo Petro ha rechazado y que actualmente son materia de actuaciones judiciales.
La conversación entre Gustavo Petro y Angie Rodríguez
El mensaje fue enviado el 12 de diciembre de 2025. Según la reconstrucción publicada por Noticias Caracol, Petro compartió un archivo PDF identificado con el nombre de Deicy Jiménez y escribió: “Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de MinInterior”.
Angie Rodríguez respondió: “Perfecto, señor presidente”.
La conversación fue posteriormente consultada por SEMANA, medio al que Rodríguez confirmó su autenticidad. Al ser interrogada sobre si el intercambio era real, respondió: “1.000 por ciento real”.
La exdirectora del Dapre también manifestó que estaba dispuesta a entregar a las autoridades las conversaciones que conserva con el entonces mandatario, si estas las solicitan.
Este mensaje representa un elemento documental relevante para reconstruir cómo se gestionó la continuidad de Jiménez en el Ministerio del Interior. Sin embargo, el alcance administrativo y jurídico de la comunicación deberá ser determinado por las autoridades competentes.
La renovación contractual se produjo semanas después
Cuando se produjo el intercambio, Deicy Jiménez tenía un contrato de prestación de servicios con el Ministerio del Interior por $11.151.338. El vínculo, identificado como contrato 1826 de 2025, había comenzado en agosto y tenía vigencia hasta el 31 de diciembre.
Después del mensaje, los registros contractuales muestran una nueva vinculación en enero de 2026.
El contrato 947 de 2026 fue suscrito el 23 de enero y tuvo un valor de $30.457.095, de acuerdo con la información publicada por Noticias Caracol y los registros recopilados por otras fuentes.
El objeto contractual estaba relacionado con labores de apoyo a la gestión en la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entre las responsabilidades figuraba colaborar en la consolidación de informes para hacer seguimiento a proyectos financiados o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
La coincidencia entre la solicitud del 12 de diciembre y la nueva contratación de enero es uno de los aspectos que ahora concentra la atención pública. La documentación permite establecer la existencia de los contratos y sus fechas, pero no demuestra por sí sola que hubiera un intercambio de favores sexuales por recursos públicos.
¿Qué otros contratos aparecen a nombre de Deicy Jiménez?
La contratación en el Ministerio del Interior hace parte de un historial de vínculos con diferentes entidades estatales.
Según el recuento publicado por SEMANA, Jiménez tuvo contratos con el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.
En el caso de esta última cartera aparecen dos contratos: uno por aproximadamente $11,1 millones en 2025 y otro por más de $30,4 millones en 2026.
Las vinculaciones también han despertado preguntas sobre las funciones desempeñadas, los procesos de selección, los requisitos exigidos y las personas que intervinieron en cada contratación.
Estos aspectos forman parte de las verificaciones que deberán realizar las autoridades a partir de los documentos oficiales, las declaraciones y los elementos que sean incorporados a las investigaciones.
Petro ha negado que utilizara contratos para obtener favores sexuales
Gustavo Petro ha rechazado públicamente las acusaciones de Deicy Jiménez sobre un supuesto pago de encuentros sexuales mediante contratos estatales.
En declaraciones difundidas en sus redes sociales, el exmandatario sostuvo que nunca utilizó recursos públicos para obtener favores personales y defendió a las mujeres que trabajaron durante su administración.
Su posición contrasta con los señalamientos realizados por Jiménez, quien aseguró que habría recibido contratos como parte de un supuesto intercambio. Estas afirmaciones deben ser examinadas por la Justicia y no pueden presentarse como hechos judicialmente demostrados.
El abogado del expresidente también ha solicitado que los elementos presentados sean sometidos a verificaciones técnicas para establecer su autenticidad, origen y contexto.
Fiscalía y Corte Suprema recopilan información sobre el caso
Las denuncias han generado actuaciones en diferentes instancias. La Fiscalía adelanta verificaciones relacionadas con los presuntos hechos y recibió el dispositivo celular de Jiménez para realizar una extracción forense de la información que pueda resultar útil para la investigación.
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección a la Secretaría del Senado para recopilar documentos sobre los contratos que aparecen a nombre de la denunciante.
La revisión de estos archivos busca establecer las condiciones en las que se realizaron las vinculaciones y determinar si existe algún elemento que pueda tener relevancia penal.
La Procuraduría también adelanta actuaciones dentro de sus competencias disciplinarias. Cada entidad deberá analizar los hechos desde el ámbito que le corresponde.
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¿Por qué es importante el contrato de enero de 2026?
El contrato 947 de 2026 es uno de los documentos centrales de esta controversia porque su firma ocurrió después del mensaje atribuido a Petro.
La secuencia temporal permite plantear preguntas sobre la intervención de la Presidencia en decisiones relacionadas con la contratación de otras entidades y sobre los procedimientos que se siguieron para formalizar la vinculación.
No obstante, para establecer si hubo una irregularidad no basta con comparar las fechas. También será necesario examinar los documentos completos, las justificaciones de la contratación, las actividades ejecutadas y las eventuales comunicaciones entre los funcionarios involucrados.
La investigación deberá establecer si la contratación cumplió las normas aplicables y si existieron actuaciones indebidas en el proceso.
