La Ley de Rescate no incluirá gravámenes adicionales para los productos esenciales, según confirmó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, este miércoles 18 de noviembre durante los debates legislativos en las comisiones económicas del Congreso. La iniciativa gubernamental busca ordenar las finanzas públicas y descartó gravar alimentos, insumos del sector agropecuario y servicios de salud privada.
El pronunciamiento del funcionario aclaró de manera enfática que no habrá IVA para la canasta básica, tampoco para los agroinsumos, ni para los planes de medicina prepagada. Con este anuncio, el Ejecutivo delimitó el alcance del debate tributario frente a las preocupaciones de diversos sectores sociales que temían un encarecimiento en bienes y servicios de primera necesidad.
¿Qué medidas contempla la Ley de Rescate para las finanzas?
El propósito central que persigue la Ley de Rescate consiste en corregir el desequilibrio existente en las cuentas públicas, recuperar el crecimiento productivo y proteger la sostenibilidad financiera nacional. Para alcanzar estas metas, la propuesta plantea una disminución sustancial del gasto público por un valor global de $23,7 billones.
Este plan de austeridad institucional abarca distintas líneas de acción administrativa destinadas a reducir erogaciones que el Estado considera prescindibles:
- Un recorte cercano a $8 billones anuales en gastos operativos proyectado de manera progresiva hasta 2030.
- Una disminución del 50 % en las contrataciones estatales por prestación de servicios (OPS).
- Una reducción de aproximadamente el 20 % en los costos de nómina, con excepción de los sectores de defensa y seguridad.
- La revisión detallada de 189 transferencias que realiza actualmente la administración nacional.
- Procesos de fusión o liquidación de dependencias públicas y la venta de activos estatales que permanezcan en desuso.
Motivos del Gobierno para aplicar un ajuste fiscal
Durante su sustentación ante los congresistas, Gómez explicó las razones estructurales que obligan a implementar un severo ajuste fiscal en la economía colombiana. En su diagnóstico, subrayó que el país reporta un ritmo de expansión promedio de solo 1,6 % anual en los últimos cuatro años, condicionado por altos niveles de inflación, encarecimiento del financiamiento externo y una baja tasa de inversión productiva.
Uno de los factores determinantes en este deterioro fue la rigidez presupuestal generada tras la emergencia sanitaria global. Según el ministro, los desembolsos del Estado aumentaron para atender la coyuntura, pero posteriormente no retornaron a sus niveles previos a la pandemia, lo que consolidó un escalón elevado y constante de gasto público.
Aunque los ingresos fiscales experimentaron un repunte pasajero durante 2023 y 2024, posteriormente regresaron a su tendencia ordinaria. El funcionario advirtió que no intervenir este desfase forzaría una corrección desordenada por parte de los mercados financieros. En el debate de la Ley de Rescate, enfatizó que una reacción abrupta del mercado desencadenaría consecuencias graves, tales como la pérdida de más de 500.000 empleos, una reducción del ingreso por habitante y el agravamiento de los índices de pobreza.
Lee también: José Manuel Restrepo presiona al Congreso por la Ley de Rescate: estas serían las consecuencias de no aprobarla
El objetivo central de estabilizar la deuda nacional
El ministro fue enfático al precisar los alcances reales del proyecto legislativo frente a las obligaciones financieras del país. En el debate de la Ley de Rescate, aclaró que las medidas planteadas no tienen la capacidad de disminuir el endeudamiento existente, sino únicamente frenar su ritmo de expansión.
El propósito prioritario es estabilizar la deuda soberana en un nivel cercano al 64 % del producto interno bruto hacia 2030. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el esfuerzo contemplado en la Ley de Rescate equivale a 4,7 % del PIB, convirtiéndose en el ajuste más amplio y ambicioso que se haya estructurado en la historia económica nacional reciente para contener los compromisos financieros del Estado.
Incentivos de inversión y medidas de control tributario
Para compensar la reducción en el gasto del Estado y dinamizar la actividad productiva, la iniciativa incorpora herramientas destinadas a estimular la llegada de capitales. Mediante la creación del Régimen Unificado de Grandes Empresas (RUGE), el Gobierno plantea ofrecer una estabilidad jurídica y tributaria por 16 años a compañías que desarrollen proyectos dentro de los plazos establecidos, junto con tratamientos preferenciales en la tarifa del impuesto sobre la renta.
Los cálculos gubernamentales señalan que este mecanismo de atracción corporativa posibilitaría canalizar recursos de inversión privada superiores a $27 billones, cifra que representa más del 1,4 % del producto interno bruto. Estas facilidades complementan las disposiciones generales incluidas en la Ley de Rescate para impulsar sectores estratégicos sin comprometer los recursos de la canasta básica familiar.
Asimismo, el texto fortalece las facultades sancionatorias y operativas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). La entidad tributaria dispondrá de mejores facultades para perseguir el contrabando, sancionar la evasión, mitigar esquemas de elusión y optimizar la recuperación de la cartera morosa. Al cierre de su intervención sobre la Ley de Rescate, el ministro insistió ante los legisladores en que la aprobación de este proyecto resulta indispensable para enderezar el rumbo fiscal de Colombia y evitar escenarios de crisis económica prolongada.
Fuente: elcolombiano.com
