El centro de estudios respalda la necesidad de ajustar las finanzas públicas y algunos cambios en el IVA y el impuesto de renta, pero pide revisar los costos laborales y los beneficios tributarios que recibirían grandes inversiones durante 16 años.
La propuesta de reforma fiscal del Gobierno de Abelardo de la Espriella abrió un nuevo frente de discusión económica. Aunque Fedesarrollo considera necesario avanzar con medidas para corregir el déficit de las finanzas públicas, advirtió que algunos componentes del proyecto podrían generar efectos negativos sobre la contratación formal y reducir los ingresos tributarios del país.
El análisis del centro de pensamiento se concentra en dos puntos: el aumento de los costos asociados a la nómina y el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), un mecanismo que contempla beneficios tributarios para determinados proyectos de inversión.
Las observaciones llegan en medio del debate sobre la Ley de Rescate Fiscal, iniciativa con la que el Ejecutivo busca aumentar el recaudo, reorganizar las cuentas del Estado y promover la inversión privada.
También te puede interesar → Arturo calle cuestiona la competencia de temu y shein
¿Por qué Fedesarrollo respalda parte de la reforma tributaria?
El centro de estudios reconoce que Colombia necesita un ajuste fiscal para enfrentar el deterioro de las finanzas públicas. Por eso, considera favorables algunas medidas incluidas en el proyecto, especialmente la ampliación de la base del impuesto al valor agregado (IVA) y los cambios en el impuesto de renta para personas naturales.
En el caso del IVA, la propuesta busca que más bienes y servicios pasen a pagar la tarifa general del 19 %, acompañada de mecanismos de devolución y compensación para proteger a los hogares de menores ingresos.
Según las estimaciones citadas por Fedesarrollo, Colombia deja de recaudar recursos equivalentes a cerca del 6 % del producto interno bruto (PIB) debido a los tratamientos diferenciales que tienen distintos productos y servicios.
La ampliación de la base gravable podría representar ingresos adicionales cercanos al 1 % del PIB, de acuerdo con las proyecciones de la iniciativa.
Sin embargo, el centro de pensamiento planteó una recomendación: no depender exclusivamente de las devoluciones posteriores. Su argumento es que los hogares vulnerables podrían necesitar una protección inmediata frente al incremento de precios. Por eso, sugirió estudiar la posibilidad de conservar exclusiones para determinados productos.
En cuanto al impuesto de renta de personas naturales, Fedesarrollo considera que los cambios pueden contribuir a distribuir de manera más equilibrada las obligaciones tributarias. Las estimaciones del Ministerio de Hacienda señalan que esta modificación podría aportar cerca del 0,6 % del PIB adicional.
La preocupación por el empleo formal y los costos de contratación
Una de las principales advertencias está relacionada con los aportes que deben realizar las empresas por sus trabajadores.
El proyecto plantea modificar las exenciones de contribuciones destinadas al SENA, al ICBF y al sistema de salud. Bajo el esquema propuesto, los beneficios se conservarían para trabajadores que reciban hasta dos salarios mínimos, serían parciales para quienes ganen entre dos y tres salarios mínimos y desaparecerían para ingresos superiores a ese rango.
También se contemplan modificaciones en los aportes a salud de algunos trabajadores y de personas independientes.
Para Fedesarrollo, estas medidas pueden encarecer la contratación de empleados formales y generar incentivos para que algunas empresas eviten asumir mayores obligaciones laborales.
El centro de estudios advierte que un aumento en los costos del empleo asalariado podría fortalecer el trabajo por cuenta propia y la actividad de negocios pequeños, sectores que enfrentan dificultades de productividad y crecimiento.
La preocupación no se limita al impacto sobre las empresas. También tiene relación con la capacidad del país para reducir la informalidad, la pobreza y la desigualdad.
Como alternativa, Fedesarrollo propuso explorar otras fuentes de financiación, entre ellas revisar el tratamiento tributario de determinados ingresos pensionales.
RUGE: beneficios tributarios para grandes inversiones durante 16 años
El segundo punto que genera reparos es el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), una herramienta diseñada para atraer inversiones mediante condiciones tributarias preferenciales.
Entre los mecanismos contemplados aparecen la depreciación acelerada de activos y tarifas reducidas de impuesto de renta para determinados negocios y proyectos.
La depreciación acelerada permite reconocer fiscalmente en menos tiempo el valor de ciertos activos adquiridos por una empresa. Esto puede reducir la base sobre la cual se calcula el impuesto de renta durante los primeros años de inversión.
Aunque el Gobierno presenta el régimen como un instrumento para estimular la inversión privada y ofrecer estabilidad jurídica, Fedesarrollo considera que los beneficios podrían debilitar el recaudo y generar condiciones desiguales entre empresas.
Uno de los aspectos que más preocupa es la duración de las condiciones preferenciales: el proyecto contempla mantenerlas durante 16 años.
Para el centro de pensamiento, comprometer al país con beneficios tributarios de largo plazo requiere una evaluación cuidadosa, especialmente cuando las finanzas públicas necesitan recursos adicionales.
Además, considera que los incentivos fiscales no pueden reemplazar inversiones estructurales en seguridad, educación, infraestructura de transporte e innovación, factores que también determinan la competitividad empresarial.
Tu ciudad. Tu información. Síguenos.
¿Qué puede cambiar para las empresas y los trabajadores?
Si las medidas avanzan en el Congreso, sus efectos podrían sentirse en distintos sectores de la economía.
Para las empresas, los cambios en las contribuciones laborales representarían mayores costos asociados a determinados niveles salariales. Esto podría influir en las decisiones de contratación, especialmente en negocios con márgenes reducidos.
Para los trabajadores, el debate está relacionado con la disponibilidad de empleos formales y las condiciones de vinculación laboral. Un incremento en el costo de contratación podría convertirse en un obstáculo adicional para quienes buscan acceder a empleos con prestaciones y seguridad social.
Por otro lado, las modificaciones al IVA y al impuesto de renta podrían cambiar las obligaciones tributarias de hogares y consumidores. El impacto dependerá de las disposiciones que finalmente sean aprobadas y de los mecanismos de compensación que se implementen.
En materia empresarial, el RUGE podría beneficiar a los proyectos que cumplan los requisitos establecidos, pero también abre preguntas sobre el costo fiscal de mantener tratamientos preferenciales durante más de una década.
Una reforma que todavía debe superar el debate legislativo
La posición de Fedesarrollo no representa un rechazo integral a la Ley de Rescate Fiscal. Su análisis reconoce la necesidad de corregir las finanzas públicas y respalda algunos instrumentos para aumentar los ingresos del Estado.
Sin embargo, plantea que el ajuste no debería terminar encareciendo el empleo formal ni comprometiendo durante 16 años recursos públicos mediante beneficios tributarios cuya efectividad debe evaluarse.
El proyecto deberá continuar su trámite en el Congreso, donde sus artículos podrán ser discutidos, modificados o retirados. Por esa razón, las medidas descritas todavía no deben entenderse como obligaciones tributarias vigentes.
El debate de fondo será determinar cómo conseguir nuevos recursos para el Estado sin debilitar la generación de empleo formal, la competitividad de las empresas y la capacidad de inversión del país.