El presidente paraguayo anunció su salida del cargo después de perder respaldo dentro de su partido y enfrentar presiones políticas por la intervención de Ueno Bank. La crisis dejó a millones de clientes preocupados por sus ahorros y abrió investigaciones contra directivos de la entidad.
La crisis financiera de Ueno Bank terminó convirtiéndose en una tormenta política para Paraguay. Este jueves 5 de noviembre de 2026, el presidente Santiago Peña anunció su renuncia, luego de varios días de protestas, cuestionamientos por sus antiguos vínculos empresariales con la entidad bancaria y el avance de iniciativas para someterlo a un juicio político.
La decisión llegó después de que el Banco Central del Paraguay ordenara intervenir Ueno Bank por problemas de solvencia. La medida afectó a cerca de tres millones de clientes, quienes quedaron temporalmente sin acceso a sus cuentas y recursos mientras las autoridades organizaban el procedimiento de resolución de la entidad.
El escándalo también alcanzó al Gobierno por la relación empresarial que Peña mantuvo con Grupo Vázquez, propietario del banco, hasta marzo de 2025.
La situación provocó cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses, el manejo de recursos públicos y la supervisión financiera. Aunque el mandatario defendió las medidas adoptadas por su administración, la presión política terminó escalando hasta su anuncio de renuncia.
¿Qué provocó la caída política de Santiago Peña?
El detonante fue la intervención de Ueno Bank, una entidad que había ganado una importante participación en el mercado financiero paraguayo.
El Banco Central tomó la decisión después de detectar que el índice de solvencia del banco había caído por debajo de los niveles mínimos exigidos. Las autoridades también identificaron problemas relacionados con operaciones crediticias y activos cuya documentación debía ser revisada.
La situación generó preocupación entre los usuarios, especialmente entre pensionados y personas que recibían pagos estatales a través de la institución.
La crisis se extendió rápidamente a las calles de Asunción, donde ciudadanos reclamaron respuestas sobre sus depósitos y exigieron que se investigara a los responsables.
En paralelo, sectores de la oposición comenzaron a impulsar un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. El proceso fue respaldado por legisladores que cuestionaron las relaciones entre el Gobierno y el grupo empresarial propietario del banco.
Los vínculos de Peña con el grupo propietario de Ueno
Uno de los principales puntos de controversia fue la relación que Santiago Peña tuvo con Grupo Vázquez, conglomerado empresarial al que pertenece Ueno Bank.
El mandatario fue accionista del grupo hasta marzo de 2025, antes de que la entidad financiera enfrentara la intervención de las autoridades.
Los cuestionamientos aumentaron por la presencia de recursos públicos en el banco y por las decisiones relacionadas con la supervisión de la institución.
La oposición también puso bajo observación el nombramiento de Carlos Carvallo como presidente del Banco Central. Antes de asumir ese cargo, Carvallo había dirigido la financiera Ueno, antecedente que generó interrogantes sobre posibles conflictos de interés.
En medio de la crisis, Carvallo presentó su renuncia a petición del propio Peña.
Las relaciones empresariales y administrativas mencionadas se convirtieron en parte de los argumentos políticos para exigir explicaciones al Ejecutivo. Sin embargo, determinar si existieron irregularidades o responsabilidades individuales corresponde a las investigaciones y procedimientos de las autoridades.
Ueno Bank dejó a millones de personas sin acceso inmediato a sus ahorros
El impacto de la intervención fue especialmente fuerte entre los usuarios de la entidad.
Ueno Bank tenía aproximadamente tres millones de clientes y administraba cerca de 850 millones de dólares en recursos públicos, de acuerdo con los reportes de Reuters.
Tras la decisión del Banco Central, los servicios de la entidad quedaron suspendidos mientras avanzaba el procedimiento para proteger los depósitos y evaluar sus activos.
La situación afectó a personas que utilizaban el banco para recibir salarios, pensiones y realizar pagos cotidianos.
Las filas frente a las sucursales y los reclamos de los usuarios reflejaron la preocupación por el destino de sus recursos.
El caso también puso en discusión la exposición de fondos públicos y previsionales a una entidad que terminó bajo intervención regulatoria.
Gobierno paraguayo aprobó medidas para devolver parte del dinero
Ante la presión de los ahorradores, el Gobierno y el Congreso impulsaron medidas para acelerar la devolución de los recursos.
El presidente había anunciado un proyecto para utilizar mecanismos del Fondo de Garantía de Depósitos y facilitar los pagos a los clientes afectados.
Posteriormente, el Congreso aprobó una norma que Peña promulgó el 5 de noviembre. Según los reportes publicados por Infobae, la disposición permite adelantar recursos a los depositantes y establece un límite inicial de hasta 40 salarios mínimos mensuales por ahorrista, con un plazo máximo de cinco días hábiles para efectuar el pago.
La medida busca aliviar la situación de los usuarios mientras continúa el proceso de resolución de Ueno Bank.
No obstante, el mecanismo de garantía no significa que todos los depósitos superiores al límite establecido estén automáticamente cubiertos ni que la crisis financiera de la entidad esté resuelta.
Ocho directivos quedaron bajo investigación
La crisis también tuvo consecuencias judiciales. Según Associated Press, ocho ejecutivos vinculados a Ueno Bank fueron detenidos y 27 funcionarios y asociados de la entidad fueron señalados dentro de las actuaciones judiciales.
Las investigaciones buscan esclarecer las operaciones financieras, los créditos otorgados a empresas relacionadas con el grupo propietario y las posibles irregularidades en el registro de activos.
Los procedimientos deberán determinar qué ocurrió dentro de la institución y si existieron conductas que puedan generar responsabilidades penales.
La intervención bancaria y las detenciones no equivalen a una declaración de culpabilidad. Los señalados mantienen la presunción de inocencia mientras las autoridades desarrollan las investigaciones.
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¿Quién reemplazará a Santiago Peña?
Tras el anuncio de renuncia, el vicepresidente Pedro Alliana aparece como el sucesor constitucional previsto para asumir la Presidencia.
Sin embargo, Associated Press reportó que el Congreso debe aceptar o rechazar formalmente la dimisión, por lo que el trámite institucional es parte del proceso que debe completarse.
El cambio de mando se produciría en un momento complejo para el país, con una crisis bancaria todavía en desarrollo y una ciudadanía que exige respuestas sobre sus ahorros.
El nuevo Gobierno tendrá que atender la situación de los depositantes, garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y permitir que las investigaciones avancen sin interferencias.
Paraguay enfrenta una crisis que va más allá de un banco
La salida de Santiago Peña representa un episodio de gran impacto para la política paraguaya. La intervención de Ueno Bank no solo afectó la confianza de sus clientes, sino que abrió cuestionamientos sobre la relación entre el poder político, los grupos empresariales y los organismos de control.
El caso también plantea interrogantes sobre la supervisión del sistema financiero y los mecanismos que deben impedir que los recursos públicos queden expuestos a riesgos sin controles suficientes.
Mientras avanzan las investigaciones y se implementan los pagos a los ahorradores, Paraguay enfrenta el desafío de recuperar la confianza en sus instituciones.