El gremio de notarios subsidiados advierte que la falta de recursos y los pagos pendientes ponen en riesgo la atención en municipios pequeños, zonas rurales y territorios afectados por el conflicto.
Cerca de 500 notarías subsidiadas de Colombia podrían dejar de prestar sus servicios por dificultades financieras que, según sus representantes, están relacionadas con problemas de planeación presupuestal y el retraso en el pago de las mesadas 13 y 14.
La advertencia fue realizada por los Notarios Subsidiados de Colombia, que pidieron al Gobierno Nacional, al presidente Abelardo De la Espriella, a los ministros y al superintendente de Notariado y Registro buscar una solución para evitar que estas oficinas suspendan sus actividades.
La preocupación se concentra en notarías ubicadas en municipios de sexta categoría, donde los ingresos propios no serían suficientes para sostener su funcionamiento. En estos territorios, la continuidad del servicio es especialmente importante para los ciudadanos que deben realizar trámites legales y tienen dificultades para desplazarse hasta ciudades más grandes.
Según el reporte, la situación estaría relacionada con la administración de los recursos del Fondo Cuenta Especial del Notariado. El gremio sostiene que la falta de disponibilidad oportuna del dinero amenaza la operación de las oficinas subsidiadas y podría afectar a comunidades que dependen de ellas.
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¿Qué está pasando con las notarías subsidiadas?
Las notarías subsidiadas son oficinas que reciben apoyo económico porque los ingresos que generan por sus servicios no alcanzan para cubrir sus necesidades de funcionamiento.
Este modelo permite mantener la atención notarial en municipios con menor actividad económica, donde la demanda de trámites puede ser insuficiente para financiar por sí sola la operación de una oficina.
Sin embargo, los representantes del gremio aseguran que los problemas presupuestales y los pagos pendientes han puesto en dificultades a cerca de 500 notarías. Por eso, solicitan que se atienda la situación antes de que se produzcan cierres o interrupciones del servicio.
Amed Velásquez, notario subsidiado de Marulanda, Caldas, hizo un llamado a las autoridades para que se garantice la continuidad de estas oficinas y no se deje sin atención a las comunidades rurales.
El reclamo apunta a que las entidades responsables revisen la planeación de los recursos y establezcan una solución que permita cubrir las obligaciones pendientes.
Los municipios rurales serían los más afectados
Uno de los principales riesgos señalados por los notarios es el impacto que tendría la suspensión de servicios en las regiones más apartadas del país.
En algunos municipios, acudir a una notaría de otra localidad puede implicar gastos adicionales de transporte, pérdida de tiempo y dificultades para quienes viven lejos de los principales centros urbanos.
La situación preocupa especialmente en territorios rurales y zonas afectadas por el conflicto, incluidas áreas identificadas como PDET y ZOMAC. En estas regiones, la presencia de instituciones y el acceso a servicios pueden ser más limitados.
Un eventual cierre podría obligar a los usuarios a buscar alternativas en otros municipios para realizar sus diligencias. El impacto concreto dependería de qué oficinas resultaran afectadas, cuánto tiempo durara la interrupción y qué mecanismos de atención establecieran las autoridades.
Por ahora, la alerta del gremio no significa que las 500 notarías hayan cerrado. Se trata de un riesgo advertido por sus representantes, que solicitan medidas para evitar que la crisis financiera afecte la prestación del servicio.
¿Qué papel cumple el Fondo Cuenta Especial del Notariado?
El Fondo Cuenta Especial del Notariado es el mecanismo al que se refieren los representantes del sector para explicar las dificultades financieras de estas oficinas.
Según el gremio, los problemas estarían relacionados con la planeación presupuestal de sus gastos y la falta de pago oportuno de algunos recursos. Los notarios sostienen que el fondo cuenta con recursos propios, por lo que consideran que la solución no tendría que afectar otras partidas del Presupuesto General de la Nación.
Esta afirmación corresponde a la posición de los representantes de las notarías subsidiadas. Para establecer con precisión el origen de los retrasos, el estado de las obligaciones y las medidas presupuestales disponibles, se requiere conocer la explicación actualizada de las entidades responsables.
La discusión se centra en cómo asegurar que los recursos destinados a sostener las oficinas lleguen oportunamente y permitan mantener la atención en los municipios donde la actividad notarial no genera ingresos suficientes.
¿Qué le piden los notarios al Gobierno?
Los representantes del sector solicitaron una respuesta de las autoridades nacionales y de la Superintendencia de Notariado y Registro para resolver las dificultades financieras.
Entre sus principales preocupaciones están los pagos pendientes, la planeación presupuestal y la necesidad de garantizar recursos suficientes para que las notarías subsidiadas continúen operando.
El llamado busca evitar que una dificultad administrativa o financiera termine afectando a los ciudadanos que necesitan realizar trámites notariales.
La respuesta de las entidades será determinante para conocer si se adoptarán medidas inmediatas, cuál es el estado de los recursos y qué garantías habrá para las oficinas que prestan servicios en zonas apartadas.
¿Qué puede pasar si no se resuelve la crisis?
Si las dificultades financieras persisten, algunas notarías podrían enfrentar problemas para mantener su funcionamiento. Esto podría generar interrupciones en la atención y obligar a los usuarios a desplazarse a otras localidades.
No obstante, todavía no se puede afirmar que habrá un cierre generalizado ni determinar cuáles oficinas resultarían afectadas. La advertencia corresponde al gremio y el alcance de las consecuencias dependerá de las decisiones que adopten las autoridades.
La prioridad, según los notarios, es encontrar una solución que permita mantener el servicio y evitar que las comunidades rurales pierdan uno de sus puntos de atención institucional.
El caso pone sobre la mesa un desafío para el Estado: garantizar que los servicios notariales sigan disponibles en municipios donde los ingresos no alcanzan para sostenerlos de manera autónoma. Para los usuarios, la solución no solo representa la continuidad de una oficina, sino también la posibilidad de acceder a trámites esenciales sin tener que recorrer largas distancias.