Cinco campañas recibieron recursos públicos en la recta final de las elecciones de 2026. El bajo respaldo electoral de cuatro candidaturas reabrió el debate sobre la devolución del dinero, los gastos permitidos y las garantías exigidas para los desembolsos.
El uso de los recursos públicos destinados a financiar las campañas presidenciales de 2026 quedó en el centro de una nueva controversia. Durante la última semana de la contienda electoral, cinco candidaturas recibieron anticipos por un total de $21.567 millones, una suma que ahora despierta preguntas sobre la ejecución del dinero, los mecanismos de control y las condiciones bajo las cuales podría exigirse su reintegro.
Las campañas beneficiadas fueron las de Claudia López, Sergio Fajardo, Sondra Macollins, Santiago Botero y Mauricio Lizcano. Según la información publicada, solo Fajardo superó el umbral del 4 % de los votos válidos requerido para acceder a la reposición de gastos por voto. Los otros cuatro candidatos quedaron por debajo de ese porcentaje.
El resultado electoral abrió una discusión sobre el destino de los anticipos, pero la respuesta no depende exclusivamente de la cantidad de votos obtenidos. La legislación contempla condiciones particulares para las campañas presidenciales y establece que los recursos recibidos no tienen que devolverse automáticamente si fueron utilizados conforme a la ley.
En este escenario, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá revisar la información financiera de las campañas y determinar si los gastos reportados cumplen las exigencias legales. También surgieron preguntas sobre las garantías presentadas para obtener los recursos, asunto que motivó una solicitud formal de información al organismo electoral.
¿Cuánto dinero recibieron las cinco campañas?
Los anticipos sumaron $21.567 millones, distribuidos entre las cinco candidaturas que accedieron a esta modalidad de financiación pública.
Según los montos reportados, la distribución fue la siguiente:
| Candidato | Anticipo reportado |
|---|---|
| Mauricio Lizcano | $4.500 millones |
| Santiago Botero | $4.500 millones |
| Sondra Macollins | $4.500 millones |
| Sergio Fajardo | $4.067 millones |
| Claudia López | $4.000 millones |
| Total | $21.567 millones |
Los anticipos son recursos públicos que se entregan para contribuir a cubrir gastos de campaña, de acuerdo con las reglas de financiación electoral. Su entrega está sujeta a requisitos específicos y no elimina la obligación de rendir cuentas sobre su utilización.
Por esa razón, el análisis del destino de estos recursos requiere distinguir entre el monto aprobado, el dinero efectivamente girado y los gastos que cada candidatura haya reportado y pueda demostrar documentalmente.
La cifra total no significa que el Estado tenga necesariamente derecho a recuperar los $21.567 millones completos. Para establecer si procede una devolución, se deben considerar las normas aplicables y la documentación que presente cada campaña.
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No alcanzar el umbral no significa devolver todo el anticipo
Uno de los puntos centrales de la discusión es el artículo 22 de la Ley 1475 de 2011, que contempla una excepción para las campañas presidenciales.
De acuerdo con el análisis de Transparencia por Colombia, los anticipos no tienen que reintegrarse cuando fueron gastados de conformidad con la ley. Por lo tanto, no superar el umbral electoral no obliga, por sí solo, a devolver automáticamente la totalidad de los recursos recibidos.
La diferencia es fundamental. El umbral determina si una candidatura cumple los requisitos para acceder a la reposición de gastos por voto, mientras que la revisión del anticipo busca establecer si el dinero público se utilizó correctamente.
En consecuencia, una campaña que obtuvo una votación reducida puede tener derecho a conservar los recursos que gastó legalmente, siempre que cumpla las condiciones normativas. En cambio, los montos que no puedan justificarse o correspondan a gastos no autorizados podrían ser objeto de reintegro, según la evaluación de las autoridades.
La comprobación no debería limitarse a verificar que el dinero salió de las cuentas de la campaña. También requiere examinar los conceptos de los pagos, los contratos, los servicios prestados, las facturas y los demás documentos que permitan demostrar el destino de los recursos.
Las garantías que exigió el CNE también están bajo la lupa
Además de la revisión de los gastos, surgió otra pregunta: ¿qué pólizas o garantías se exigieron para entregar los anticipos?
El 8 de octubre de 2026, la Fundación Dilo Colombia presentó un derecho de petición ante el CNE, con copia a la Contraloría, para conocer cuáles garantías se solicitaron y cuáles fueron aportadas por las cinco campañas beneficiadas.
La organización pidió información sobre las candidaturas que solicitaron anticipos, los montos requeridos y aprobados, las fechas de las decisiones administrativas y la distribución de los recursos entre propaganda electoral y otros gastos. También solicitó conocer las normas generales que regularon los desembolsos y los requisitos de garantía aplicados.
La petición busca precisar aspectos que, según la fundación, no pueden establecerse con claridad a partir de la información pública disponible.
La existencia de este requerimiento no significa que se haya demostrado una irregularidad en los anticipos. Se trata de una solicitud de información para conocer las condiciones bajo las cuales se entregaron los recursos y verificar cómo se aplicaron las reglas.
La respuesta del organismo electoral permitirá entender mejor qué controles se establecieron, qué documentos presentaron las candidaturas y cuál fue el fundamento de las decisiones de desembolso.
Un antecedente: las dificultades para conseguir financiación
Las dudas actuales tienen como antecedente las dificultades que varias candidaturas denunciaron durante la campaña para acceder a los anticipos estatales.
En mayo de 2026, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que seis campañas todavía no habían recibido los recursos que habían solicitado. La organización señaló que los retrasos en la reglamentación de las garantías y en la entrega del dinero podían afectar las condiciones de competencia entre los aspirantes.
La financiación anticipada busca que las campañas puedan cubrir parte de sus gastos antes de conocer los resultados electorales. Sin embargo, para acceder a ella deben cumplir las condiciones establecidas, entre ellas las relacionadas con las garantías de devolución cuando corresponda.
El problema que se presentó durante la campaña fue que los requisitos y los tiempos para tramitar esos mecanismos se convirtieron en una dificultad para algunos candidatos.
Claudia López y Mauricio Lizcano, entre otros, habían cuestionado las barreras para acceder a la financiación pública. Según la información publicada, ambos señalaron obstáculos relacionados con las garantías requeridas para obtener los recursos.
Este antecedente añade otra dimensión al debate. Mientras el Estado debe controlar el uso del dinero público, también debe garantizar que las reglas de financiación sean claras y se apliquen de manera oportuna a las candidaturas que cumplen los requisitos.
¿Qué deberá revisar el Consejo Nacional Electoral?
El CNE tendrá que examinar los informes financieros y los documentos presentados por las campañas para establecer si los anticipos se utilizaron conforme a la normativa electoral.
Entre los aspectos que deben verificarse están:
- Destino de los recursos: si el dinero se utilizó para gastos autorizados de campaña.
- Soportes contables: si existen facturas, contratos, comprobantes y documentos suficientes para acreditar los pagos.
- Propaganda electoral: si los gastos reportados en publicidad corresponden a servicios efectivamente contratados y prestados.
- Otros gastos: si los desembolsos adicionales cumplen las reglas aplicables.
- Garantías: qué requisitos se exigieron, cuáles fueron presentados y bajo qué decisiones se aprobaron los anticipos.
La revisión debe realizarse de manera individual, porque los montos, los gastos y las circunstancias pueden variar entre las campañas. No sería correcto atribuir una irregularidad a todas las candidaturas por el hecho de que cuatro no hayan superado el umbral electoral.
Tampoco se puede concluir que los recursos fueron manejados correctamente solo porque las campañas presenten informes. La documentación debe ser revisada y las eventuales inconsistencias deben resolverse por las autoridades competentes.
El caso de Sondra Macollins y las preguntas sobre la contratación
Uno de los casos mencionados en la discusión pública es el de la campaña de Sondra Macollins. Una investigación periodística planteó interrogantes sobre gastos que se habrían canalizado a través de organizaciones con presuntos vínculos familiares con la candidata.
La información publicada señala que cerca de $3.200 millones del anticipo habrían sido destinados a través de dos empresas o entidades mencionadas en esa investigación. Estos señalamientos han alimentado las preguntas sobre la contratación y el destino del dinero, pero no equivalen por sí mismos a una decisión oficial que declare ilegales los gastos.
Para establecer si existió alguna infracción, las autoridades deben examinar los contratos, los servicios prestados, la relación entre las partes, los pagos y la documentación que respalde cada operación.
La revisión también debe determinar si los desembolsos se ajustaron a los conceptos permitidos por la legislación electoral. Solo después de ese análisis será posible establecer si hay gastos que deban ser objetados o valores que deban reintegrarse.
¿Qué puede pasar con el dinero público?
Hay tres elementos que deben tenerse en cuenta para entender el futuro de los anticipos.
El primero es el resultado electoral: cuatro de las cinco candidaturas no alcanzaron el umbral del 4 % que permite acceder a la reposición de gastos por voto.
El segundo es la regla especial aplicable a los anticipos de las campañas presidenciales, que contempla que no haya devolución cuando el dinero fue gastado conforme a la ley.
El tercero es la comprobación de los gastos. Si una campaña no puede justificar determinados montos o se detectan gastos que no cumplen las condiciones legales, las autoridades podrán evaluar las consecuencias correspondientes.
Por eso, el monto total entregado no debe confundirse con una deuda ya establecida a favor del Estado. La eventual devolución dependerá de las condiciones normativas y de los resultados de la revisión financiera.
La respuesta al derecho de petición presentado por la Fundación Dilo Colombia también permitirá conocer mejor las garantías exigidas para los desembolsos. Sin embargo, esa solicitud de información y la auditoría de los gastos son asuntos distintos: uno busca aclarar las condiciones de entrega, mientras el otro debe establecer cómo se utilizaron los recursos.
Una discusión sobre transparencia y equidad electoral
El debate sobre los $21.567 millones pone de manifiesto la importancia de contar con reglas claras para la financiación política. Los anticipos pueden facilitar que las candidaturas cubran gastos necesarios para competir, pero el uso de recursos públicos exige controles y rendición de cuentas.
El proceso también debe ofrecer condiciones transparentes para acceder a esos recursos. Si los requisitos se aplican tarde o de manera desigual, pueden surgir cuestionamientos sobre la equidad de la competencia electoral.
En las próximas etapas, la información que entregue el CNE y la revisión de los informes financieros serán fundamentales para aclarar qué ocurrió con los anticipos. El objetivo será determinar si cada campaña cumplió las obligaciones de ejecución y reporte, y si existe algún valor que deba ser reintegrado.
Por ahora, el hecho de no haber superado el umbral electoral no permite afirmar que las cuatro campañas deban devolver todo el dinero. La conclusión dependerá de lo que establezcan las normas aplicables y de la comprobación de los gastos de cada candidatura.