El exsubdirector de la UNGRD asegura que ha recibido amenazas por la información entregada a las autoridades. Su traslado a una cárcel de Bogotá abrió un nuevo debate sobre las garantías de seguridad para los testigos del escándalo de corrupción.
Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), acudió a la Corte Suprema de Justicia para solicitar medidas urgentes de protección, luego de ser trasladado desde una guarnición militar hasta la cárcel La Picota, en Bogotá.
La petición fue presentada mediante una carta de nueve páginas dirigida al presidente del alto tribunal, Iván Mauricio Lenis Gómez. En el documento, Pinilla afirmó que las amenazas que asegura haber recibido estarían relacionadas con su colaboración con las autoridades y con la información que ha entregado sobre el escándalo de presunta corrupción en la UNGRD.
El exfuncionario pidió garantías para preservar su vida, su integridad física y psicológica, así como la seguridad de sus familiares. También planteó la necesidad de contar con condiciones que le permitan continuar cumpliendo sus compromisos como testigo colaborador en las investigaciones judiciales.
La solicitud se conoció tres días después de que se hiciera efectivo su traslado a La Picota, una decisión que también afectó al exdirector de la UNGRD Olmedo López. Ambos son figuras centrales en las investigaciones relacionadas con el presunto manejo irregular de recursos públicos de la entidad.
¿Qué le pidió Sneyder Pinilla a la Corte Suprema?
En la carta, Pinilla solicitó que se adopten medidas urgentes para protegerlo y que se revisen las condiciones en las que cumple su condena. El exsubdirector argumentó que su participación en las investigaciones lo expone a riesgos que, según su versión, deben ser considerados por las autoridades responsables de su custodia.
Además, pidió coordinación entre la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para evaluar su situación de seguridad. También solicitó que se requiera información sobre las razones del traslado y sobre la forma en que fueron consideradas las decisiones judiciales anteriores relacionadas con su lugar de reclusión.
Uno de los puntos cuestionados por Pinilla es la Resolución 8041 del 6 de octubre de 2026, mediante la cual se dispuso su traslado. En su escrito, sostiene que la decisión no habría valorado suficientemente las particularidades de su caso y argumenta que podría vulnerar garantías del debido proceso administrativo.
Estas afirmaciones corresponden a los argumentos del exfuncionario. La solicitud de protección no significa, por sí sola, que la Corte Suprema haya declarado ilegal el traslado ni que haya concedido las medidas reclamadas.
El traslado a La Picota y la decisión del Gobierno
El 6 de octubre de 2026, el INPEC trasladó a Pinilla y a Olmedo López desde instalaciones militares de Bogotá hasta la cárcel La Picota, en el sur de la capital.
La decisión fue anunciada públicamente por el presidente Abelardo De La Espriella, quien defendió el traslado con el argumento de que las personas privadas de la libertad deben cumplir sus condenas en los establecimientos que correspondan legalmente y que no debe haber privilegios asociados a su posición o influencia.
El mandatario presentó la medida como parte de su postura frente a las condiciones especiales de reclusión de personas involucradas en casos de corrupción. En sus declaraciones públicas, insistió en que los recursos de la UNGRD estaban destinados a atender necesidades de la población, como el suministro de agua, la alimentación y la asistencia a comunidades afectadas por emergencias.
La defensa de Pinilla, por su parte, cuestionó la decisión y pidió que se revisara. Su principal preocupación es que el cambio de establecimiento pueda comprometer la seguridad de su representado y desconocer las condiciones que habían sido contempladas previamente para su reclusión.
El caso plantea una discusión entre las facultades administrativas para organizar los traslados penitenciarios y la obligación de evaluar los riesgos particulares que pueda enfrentar una persona privada de la libertad.
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La Fiscalía había advertido sobre posibles riesgos
Uno de los antecedentes más relevantes de la controversia es que la Fiscalía había solicitado mantener a Pinilla y a López en los centros de reclusión militar donde permanecían.
Según información publicada por El Heraldo, la petición fue enviada el 16 de septiembre de 2026 por una fiscal delegada ante la Corte Suprema al director de los Centros de Reclusión Militar. La solicitud se fundamentaba en preocupaciones sobre la integridad de los dos exfuncionarios y en la importancia de preservar sus condiciones de colaboración con la justicia.
De acuerdo con ese reporte, los dos tenían principios de oportunidad legalizados y prorrogados, con compromisos de entregar información y declarar en procesos relacionados con otras personas presuntamente vinculadas al caso UNGRD.
En el caso de Pinilla, la Fiscalía habría señalado que su principio de oportunidad fue legalizado el 20 de agosto de 2025 y prorrogado el 14 de agosto de 2026. Entre sus compromisos figuraría rendir declaraciones ante jueces y ante la Corte Suprema en procesos contra 23 personas.
La petición de la Fiscalía constituye un antecedente importante porque demuestra que las preocupaciones sobre las condiciones de reclusión no surgieron únicamente después de que se hiciera efectivo el traslado. Sin embargo, la existencia de esa solicitud no permite concluir por sí sola que el traslado sea ilegal: esa cuestión depende de las decisiones y evaluaciones de las autoridades competentes.
¿Por qué Sneyder Pinilla es una figura clave en el caso UNGRD?
Pinilla fue subdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD y adquirió relevancia nacional durante las investigaciones por presuntas irregularidades en la compra de carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira.
El caso se convirtió en uno de los mayores escándalos de presunta corrupción relacionados con la gestión de recursos públicos para atender emergencias. Las investigaciones buscan esclarecer cómo se tomaron determinadas decisiones, quiénes habrían intervenido y si hubo apropiación o utilización irregular de dinero público.
Tras quedar involucrado en el proceso, Pinilla entregó información a las autoridades y pasó a desempeñar un papel relevante como colaborador y testigo. En los expedientes derivados del escándalo se investigan las posibles responsabilidades de distintos funcionarios y exfuncionarios.
En abril de 2025, el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá lo condenó a cinco años y ocho meses de prisión, después de que aceptara su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación mediante un preacuerdo con la justicia.
Su situación reúne dos aspectos distintos: por una parte, cumple una condena por delitos que aceptó; por otra, mantiene compromisos de colaboración dentro de investigaciones que buscan establecer la responsabilidad de otros involucrados. La protección que solicita está relacionada con este segundo aspecto, según los argumentos expuestos en su carta.
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Las investigaciones que podrían verse afectadas
La controversia sobre el lugar de reclusión de Pinilla no se limita a una discusión administrativa. También está relacionada con la continuidad de su colaboración y con las condiciones bajo las cuales puede entregar información a la justicia.
La Fiscalía ha señalado que los compromisos asumidos por Pinilla y López incluyen declaraciones dentro de procesos contra otras personas. En el caso UNGRD, las investigaciones han alcanzado a exministros, excongresistas y otros antiguos funcionarios, aunque la situación procesal de cada persona debe evaluarse de manera individual.
Por eso, la evaluación de riesgos puede tener consecuencias prácticas para el desarrollo de las diligencias: las autoridades deben garantizar la seguridad de quienes están bajo custodia y, al mismo tiempo, asegurar que los procesos judiciales continúen conforme a la ley.
No obstante, no está demostrado que el traslado haya impedido que Pinilla siga colaborando ni que las investigaciones hayan sufrido una afectación concreta por esa decisión. Ese es uno de los asuntos que deberá aclararse a medida que se conozcan las determinaciones de las autoridades.
¿Qué sigue después de la solicitud?
La petición de Pinilla busca que la Corte Suprema intervenga para que se evalúen sus condiciones de seguridad y se coordinen medidas con las entidades responsables. Entre los puntos planteados están la revisión de las razones del traslado y la consideración de las decisiones judiciales anteriores relacionadas con su lugar de reclusión.
La respuesta deberá distinguir entre los argumentos presentados por la defensa, las competencias del INPEC y las necesidades de seguridad que puedan acreditar las autoridades encargadas de la custodia.
Hasta la información publicada el 9 de octubre de 2026, las fuentes consultadas reportaban la solicitud de protección, pero no confirmaban que la Corte Suprema hubiera concedido las medidas pedidas o dispuesto la reversión del traslado.
El caso mantiene abierto el debate sobre cómo deben conciliarse las reglas generales del sistema penitenciario con las garantías de seguridad de personas que colaboran en investigaciones de corrupción. La decisión que adopten las autoridades será determinante para establecer bajo qué condiciones continuará Pinilla cumpliendo su condena y atendiendo sus compromisos con la justicia.