El volumen de oro registrado por los canales formales pasó de 68,49 toneladas en 2023 a 57,01 toneladas en 2025. Comercializadores y exportadores piden cruzar información oficial para establecer qué está detrás de la reducción.
El mercado del oro en Colombia enfrenta una situación que comienza a generar preocupación entre los actores que participan en su comercialización formal: cada vez menos toneladas del metal aparecen registradas dentro del circuito legal, pese a que el precio internacional del oro ha alcanzado niveles elevados.
Los comercializadores y exportadores formales solicitaron al Gobierno Nacional investigar esta situación y contrastar sus cifras con los registros de entidades como la Dian, el Dane y la Agencia Nacional de Minería.
La preocupación se concentra en una pregunta: ¿qué está ocurriendo con el oro que dejó de aparecer en los canales formales?
Según los datos recopilados por el propio sector, el volumen registrado pasó de 68,49 toneladas en 2023 a 67,02 toneladas en 2024 y 57,01 toneladas en 2025. En dos años, la reducción alcanzó 11,47 toneladas, equivalente aproximadamente al 16,8 %.
Los empresarios advierten que esta disminución puede pasar desapercibida cuando se observan únicamente los ingresos obtenidos por las exportaciones, debido al fuerte aumento que ha tenido el precio internacional del metal.
Menos toneladas, pero más valor
Uno de los principales elementos de la alerta es precisamente la diferencia entre volumen y valor.
El precio internacional del oro ha aumentado de manera considerable. Esto significa que un país puede exportar menos cantidad física del metal y, aun así, registrar ingresos elevados o incluso superiores si el precio por gramo aumenta.
Para los comercializadores, analizar únicamente el valor de las exportaciones puede ocultar lo que está ocurriendo con las cantidades físicas.
Por eso, su propuesta es realizar un seguimiento simultáneo de tres variables: cuánto oro se produce, cuánto se comercializa y cuánto se exporta legalmente.
El objetivo es encontrar posibles diferencias entre esas etapas y determinar qué factores explican la disminución del volumen registrado.
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El sector lleva cerca de dos años observando la situación
La alerta no surgió únicamente con las cifras de 2025.
Según la carta enviada al presidente Abelardo De La Espriella, los empresarios del sector formal aseguran que vienen observando el fenómeno desde hace cerca de dos años y que durante el último mes percibieron una nueva aceleración.
Los comercializadores y exportadores solicitaron una reunión con el Gobierno para presentar la información que han recopilado y pedir que sea contrastada con los datos oficiales.
La intención, según la publicación de Semana, es que las autoridades puedan determinar si la reducción responde a cambios en la producción, dinámicas del mercado, dificultades dentro de la cadena formal u otras circunstancias.
¿Hay oro moviéndose por canales informales?
Uno de los datos que más llamó la atención en la alerta es una estimación entregada por participantes del mercado.
Según la información recopilada por el sector, entre 500 kilogramos y una tonelada de oro podrían estar movilizándose semanalmente por circuitos informales.
Sin embargo, este dato no corresponde a una estadística oficial ni representa una cantidad de contrabando judicialmente comprobada.
Los empresarios están pidiendo precisamente que esa información sea investigada y contrastada por las autoridades.
La diferencia es importante: hasta ahora, el sector formal advierte sobre una posible desviación de oro hacia circuitos informales, pero no existe una cifra oficial consolidada que permita establecer cuánto metal estaría saliendo ilegalmente del país.
Medellín y Cúcuta aparecen entre los puntos que piden revisar
Dentro de la información recopilada por los comercializadores aparecen Medellín, Cúcuta y la frontera con Venezuela como lugares que deberían ser objeto de investigación.
También fue mencionada Surinam como una posible ruta adicional.
Estas referencias, sin embargo, deben entenderse como hipótesis que el sector solicita verificar.
Los empresarios también hablaron de posibles mecanismos relacionados con intermediarios, grandes cantidades de dinero en efectivo, vehículos y flotas.
Ninguna de estas afirmaciones constituye por sí misma una conclusión judicial.
La petición del sector consiste en que las autoridades investiguen si existen rutas o mecanismos de este tipo y, de ser así, establezcan quiénes participan y cómo funciona la cadena.
También piden revisar posibles irregularidades
La carta enviada al Gobierno plantea otro punto de preocupación: determinar si en algún momento de la cadena pudo existir facilitación, omisión o corrupción de funcionarios.
Los empresarios hicieron una precisión: no están acusando directamente a funcionarios, entidades o personas determinadas.
Lo que solicitan es una investigación independiente y reservada que permita establecer si existen irregularidades.
La petición cobra importancia porque la comercialización del oro involucra diferentes registros, controles y actores públicos y privados.
Por ello, los empresarios consideran necesario cruzar la información de las entidades encargadas de vigilar diferentes etapas del proceso.
La minería ilegal complica el panorama
La preocupación por el oro que no estaría pasando por canales formales ocurre en un contexto de crecimiento de la explotación de oro de aluvión en Colombia.
Un informe elaborado por el Gobierno Nacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) identificó 118.410 hectáreas con evidencia de explotación de oro de aluvión en 2025, un aumento de 4,5 % frente a las 113.310 hectáreas de 2024.
El reporte señala que el 75 % correspondía a explotación ilícita, mientras que el 21 % contaba con permisos técnicos y/o ambientales y el 4 % estaba en tránsito hacia la legalidad.
La actividad ilícita se concentra especialmente en Chocó, Antioquia y Bolívar.
Según el mismo informe, Chocó registró 41.493 hectáreas de explotación ilícita, Antioquia 24.282 y Bolívar 7.222.
Estas cifras muestran que el problema de la minería ilegal tiene una dimensión territorial importante, aunque por sí solas no permiten afirmar que las toneladas que dejaron de aparecer en los canales formales correspondan a esta actividad.
Antioquia aparece entre las zonas más afectadas
El caso resulta particularmente relevante para Antioquia.
El departamento concentra una parte importante de la explotación de oro de aluvión identificada por el Gobierno y la UNODC.
Municipios como Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza aparecen entre los territorios que concentran parte de la explotación ilícita registrada en el país.
Esto convierte a Antioquia en uno de los territorios donde el seguimiento al origen y comercialización del oro tiene especial importancia.
La trazabilidad del mineral resulta clave para diferenciar el oro producido dentro de los mecanismos autorizados de aquel que puede provenir de actividades no autorizadas.
Colombia ya prepara una herramienta de trazabilidad
El Gobierno cuenta además con una herramienta que podría ayudar a responder algunas de las preguntas planteadas por el sector.
La Agencia Nacional de Minería (ANM) anunció en abril de 2026 una plataforma destinada a seguir en tiempo real el recorrido del oro y otros minerales desde su extracción hasta su comercialización o exportación.
La plataforma busca integrar información que actualmente se encuentra distribuida en diferentes registros, como el RUCOM, Génesis y Control a la Producción.
Además, cada transacción tendrá un código que permitirá verificar elementos como certificados de origen, registros de producción y pagos de regalías.
Este mecanismo podría convertirse en una herramienta para contrastar las alertas planteadas por los comercializadores.
El impacto también podría sentirse en las finanzas públicas
La disminución del oro que circula por canales formales no solo preocupa por el comercio.
También tiene implicaciones para el recaudo público.
Según cálculos presentados por el propio sector formal, los impuestos y cargas asociados a la producción y comercialización legal representan cerca del 8,9 % del valor de cada gramo de oro.
Bajo sus estimaciones para 2026, los empresarios calculan que esta actividad podría representar alrededor de $140.947 millones mensuales para el Estado, cerca de $1,7 billones al año.
Estas cifras corresponden a cálculos del sector y no a una estimación oficial del recaudo futuro.
Los empresarios también enfrentan dificultades
La alerta no se limita al posible movimiento informal del oro.
Los comercializadores formales también señalaron dificultades relacionadas con el acceso y permanencia dentro del sistema financiero.
Entre los problemas mencionados aparecen restricciones para monetizar recursos derivados de exportaciones y diferencias tributarias frente a otros mercados de la región.
Los empresarios consideran que estas condiciones pueden afectar la competitividad de quienes operan bajo las reglas legales.
También reclaman mayores herramientas para diferenciar a las compañías que cumplen con sus obligaciones de aquellas que podrían estar vinculadas con oro de origen ilegal.
La respuesta está en los datos
Para los comercializadores, el siguiente paso debe ser un cruce integral de información.
La propuesta es comparar los datos de producción minera con los registros de comercialización, exportaciones, regalías y movimientos financieros.
Entidades como la Dian, el Dane y la Agencia Nacional de Minería cuentan con información de diferentes etapas de la cadena.
El reto consiste en integrar esos datos para identificar dónde se produce la diferencia entre el oro que se extrae y el que finalmente aparece dentro del circuito legal.
La ANM ya trabaja en esa dirección mediante su plataforma de trazabilidad, diseñada precisamente para integrar información que anteriormente estaba dispersa.
Una alerta que todavía necesita ser comprobada
La reducción del oro registrado por canales formales es un dato concreto: pasó de 68,49 toneladas en 2023 a 57,01 toneladas en 2025.
Lo que todavía debe determinarse es por qué ocurrió esa disminución y qué destino tuvo el volumen que dejó de aparecer en los registros formales.
Los empresarios hablan de posibles circuitos informales y solicitan investigar eventuales rutas de contrabando, pero reconocen que no existe una estadística oficial consolidada que permita establecer cuánto oro estaría saliendo ilegalmente.
Al mismo tiempo, los datos oficiales muestran que la explotación ilícita de oro de aluvión continúa creciendo en Colombia y que una parte importante se concentra en departamentos como Antioquia, Chocó y Bolívar.
Ahora corresponde a las autoridades determinar si existe una conexión entre ambos fenómenos.
El resultado de ese cruce de información será fundamental para establecer si Colombia está ante una transformación del mercado, una reducción de la producción formal, un crecimiento de los circuitos informales o una combinación de diferentes factores.
Por ahora, el sector formal pide que la pregunta deje de ser solamente cuánto dinero genera el oro y pase también a ser cuántas toneladas se producen, dónde se comercializan y por qué algunas ya no aparecen en los canales legales.