7 claves del caso Isabel Zuleta y Pipe Tuluá: qué investiga la Corte Suprema

Isabel Zuleta y la investigación de la Corte Suprema por el caso Pipe Tuluá

Isabel Zuleta quedó vinculada formalmente a una investigación de la Corte Suprema por presunto abuso de función pública.

La senadora quedó vinculada formalmente a una investigación por presunto abuso de función pública tras rendir indagatoria por un operativo realizado en La Picota en julio de 2025

La senadora Isabel Zuleta quedó formalmente vinculada a una investigación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia luego de rendir indagatoria este jueves 17 de septiembre de 2026. El expediente busca establecer si la congresista se habría extralimitado en las funciones que tenía asignadas cuando participó en un procedimiento realizado en la cárcel La Picota, en Bogotá, que terminó con la incautación de un arma de fuego relacionada con Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá.

La diligencia estuvo a cargo del magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala de Instrucción. Zuleta acudió acompañada de su abogado y permaneció durante aproximadamente tres horas en la Corte. Al finalizar, fuentes citadas por Semana confirmaron que la congresista quedó formalmente vinculada al proceso.

El caso se remonta al 10 de julio de 2025, cuando funcionarios de la Fiscalía adelantaron un procedimiento en La Picota después de recibir información sobre la existencia de un arma dentro del centro penitenciario.

La investigación no busca determinar únicamente quién entregó o tenía el arma. El punto central es establecer qué papel cumplió Isabel Zuleta durante ese procedimiento y si ese papel estaba dentro de las competencias que le habían sido asignadas.

1. ¿Por qué la Corte Suprema investiga a Isabel Zuleta?

La Sala de Instrucción abrió una investigación formal contra la congresista por el presunto delito de abuso de función pública.

La Corte explicó que busca determinar si la participación de Zuleta en el operativo de La Picota excedió las funciones y competencias que tenía como coordinadora del Gobierno nacional en el espacio de conversación sociojurídica con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.

La senadora había sido designada para esa labor mediante las resoluciones 452 de 2024 y 123 de 2026, expedidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Por eso, uno de los asuntos que deberá revisar el alto tribunal es hasta dónde llegaban sus atribuciones como interlocutora del Gobierno y si esas funciones le permitían participar directamente en una diligencia dentro de un establecimiento penitenciario.

La investigación se encuentra en curso y la vinculación procesal no constituye una condena.

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2. ¿Qué ocurrió en La Picota el 10 de julio de 2025?

Ese día se realizó un procedimiento en la cárcel La Picota, ubicada en Bogotá.

Según la información divulgada por la Corte y recogida por medios de comunicación, Isabel Zuleta ingresó al establecimiento penitenciario junto con funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI.

Durante la diligencia fue localizada e incautada un arma de fuego, después de que alias Pipe Tuluá suministrara información sobre su ubicación.

La hipótesis conocida sobre el arma señala que esta habría estado relacionada con un posible atentado contra Geovany Andrés Rojas, alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera y quien permanecía recluido en el pabellón de extraditables de La Picota.

Sin embargo, el aspecto que actualmente interesa a la Corte es determinar qué hizo exactamente la senadora durante el procedimiento.

3. ¿Quién es Pipe Tuluá y qué relación tiene con la investigación?

Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, era identificado como uno de los principales integrantes de la estructura criminal La Inmaculada, con presencia en Tuluá, Valle del Cauca.

El hombre se encontraba privado de la libertad cuando ocurrieron los hechos investigados y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2026. Allí enfrenta cargos relacionados con narcotráfico, de acuerdo con la información divulgada por autoridades y medios.

Su nombre aparece en el expediente porque fue quien, según las versiones conocidas, proporcionó información que permitió ubicar el arma dentro de La Picota.

La hipótesis sobre el posible uso del arma contra alias Araña es uno de los elementos que rodean el procedimiento, pero la investigación contra Zuleta tiene un objeto específico: determinar si su actuación como funcionaria encargada de interlocución sociojurídica se ajustó a sus competencias.

4. ¿Qué dice Isabel Zuleta sobre su actuación?

La congresista ha defendido públicamente su participación en el procedimiento.

Su explicación es que acudió al penal en el marco de las funciones relacionadas con el proceso de conversación sociojurídica y que actuó como garante de la entrega del arma.

Zuleta ha descrito el procedimiento como un gesto orientado a proteger la vida de una persona que, según la información que había recibido, podía encontrarse en riesgo.

Esta versión deberá ser contrastada por la Corte con los documentos, testimonios y demás elementos que hagan parte del expediente.

La discusión jurídica, por tanto, no se limita a establecer que Zuleta estuvo presente en La Picota. El tribunal debe determinar si tuvo una participación directa en una diligencia que correspondía a las autoridades judiciales y penitenciarias o si su presencia y actuación estaban amparadas por las funciones que tenía asignadas.

5. ¿Qué busca determinar la Corte Suprema?

La pregunta central del expediente puede resumirse en una cuestión: ¿hasta dónde llegaban las funciones de Isabel Zuleta dentro de la mesa sociojurídica?

La Corte deberá revisar las resoluciones mediante las cuales fue designada como coordinadora del Gobierno y compararlas con las actuaciones que realizó durante el procedimiento del 10 de julio de 2025.

De acuerdo con la investigación, el alto tribunal busca establecer si Zuleta solamente acompañó el procedimiento o si tuvo algún grado de intervención en la diligencia que terminó con la incautación del arma.

Este punto es determinante porque las diligencias de allanamiento, registro e incautación dentro de un centro penitenciario están sujetas a competencias específicas de las autoridades encargadas de adelantar esos procedimientos.

No obstante, será la propia Corte la que determine, a partir del expediente, si existió una extralimitación y si esta puede configurar el delito investigado.

6. ¿Qué pasó durante la indagatoria del 17 de septiembre?

Isabel Zuleta llegó a la sede de la Corte Suprema en Bogotá durante la mañana del jueves 17 de septiembre.

La diligencia comenzó después de un simulacro de emergencia realizado en las instalaciones del tribunal. La senadora ingresó acompañada de su abogado y permaneció aproximadamente tres horas respondiendo ante la Sala de Instrucción.

Al salir, Zuleta habló con medios de comunicación y cuestionó el tratamiento que algunos medios han dado a las investigaciones que actualmente la involucran.

Semana informó que la congresista no respondió públicamente de manera detallada sobre su participación en el allanamiento y centró sus declaraciones en cuestionar la cobertura periodística de los procesos.

La diligencia permitió formalizar su vinculación al proceso, pero todavía no representa una decisión definitiva sobre su responsabilidad penal.

7. ¿Este es el único proceso que tiene Isabel Zuleta?

No. La senadora también aparece vinculada a otra investigación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

Ese expediente es diferente y está relacionado con presuntas gestiones ante el Inpec para trasladar personas privadas de la libertad desde la cárcel La Paz de Itagüí hasta la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín.

El episodio está relacionado con el denominado “tarimazo” del entonces presidente Gustavo Petro. Semana reportó que ese proceso también está relacionado con un posible abuso de función pública, aunque corresponde a un expediente separado del caso Pipe Tuluá.

Por eso, los dos casos deben analizarse de manera independiente.

El primero se refiere al procedimiento de La Picota y el arma entregada a partir de información de Pipe Tuluá.

El segundo está relacionado con las presuntas gestiones ante el Inpec para el traslado de personas privadas de la libertad.

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¿Qué sigue para Isabel Zuleta?

Después de la indagatoria, la Corte Suprema continuará con el análisis del expediente y de los elementos de prueba disponibles.

El tribunal tendrá que establecer si las actuaciones de Zuleta estuvieron dentro del marco de las funciones que tenía como coordinadora de la conversación sociojurídica o si existió una extralimitación de competencias.

Por ahora, el dato confirmado es que la congresista quedó formalmente vinculada a la investigación por presunto abuso de función pública.

Esto no significa que haya sido condenada ni que la Corte haya establecido su responsabilidad penal. La investigación debe continuar y Zuleta mantiene su derecho a la defensa y al debido proceso.

El caso también pone nuevamente bajo discusión los límites entre las funciones de interlocución política y las competencias propias de las autoridades judiciales y penitenciarias cuando se desarrollan procedimientos dentro de las cárceles.

Preguntas frecuentes

¿Por qué investigan a Isabel Zuleta?

La Corte Suprema investiga si la senadora se habría extralimitado en sus funciones durante un procedimiento realizado el 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota.

¿Qué delito se investiga?

La investigación está relacionada con el presunto delito de abuso de función pública.

¿Isabel Zuleta fue condenada?

No. La congresista quedó vinculada formalmente a una investigación. Esa actuación procesal no equivale a una sentencia condenatoria.

¿Qué tiene que ver Pipe Tuluá?

La investigación se origina en un procedimiento realizado en La Picota después de que Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, suministrara información que permitió ubicar un arma dentro del penal.

¿Qué sostiene Isabel Zuleta?

La senadora ha sostenido que participó como garante de la entrega del arma y que su actuación estaba relacionada con las funciones de interlocución sociojurídica que tenía asignadas.

¿Qué debe definir la Corte?

El alto tribunal debe establecer si la participación de Zuleta se ajustó a las funciones que tenía asignadas o si, por el contrario, excedió sus competencias durante el procedimiento.

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