El caso de Juliana Guerrero y los títulos falsos de la Fundación Universitaria San José dio un giro decisivo. La joven de 24 años firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal, relacionado con dos títulos universitarios obtenidos fraudulentamente en julio de 2025.
El acuerdo abre el camino para una condena. Sin embargo, uno de los puntos que más atención ha generado es que Guerrero no pagaría la pena en un establecimiento carcelario, debido a que la sanción contemplada en el preacuerdo sería excarcelable.
El proceso está relacionado con los documentos académicos que fueron utilizados en medio de su aspiración a ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes del entonces Ministerio de la Igualdad en 2025. La propia joven reconoció que su actuación tuvo como finalidad llegar a esa posición.
Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo
La Fiscalía logró un preacuerdo con Guerrero después de varias sesiones de negociación en las que estuvo acompañada por su abogado.
La joven reconoció su responsabilidad por los dos títulos de pregrado obtenidos fraudulentamente de la Fundación Universitaria San José.
Durante la formalización del acuerdo se estableció además una modificación en el grado de responsabilidad atribuido a Guerrero: pasó de ser considerada autora a cómplice del delito imputado.
Este elemento resulta importante porque incide directamente en las condiciones de la pena pactada entre la Fiscalía y la defensa.
La Fundación Universitaria San José, reconocida como víctima dentro del proceso, aceptó los límites y condiciones fijados en el preacuerdo.
¿Qué sanciones enfrentaría Juliana Guerrero?
El acuerdo contempla varias consecuencias judiciales.
Además de la pena que deberá ser definida y formalizada dentro del proceso, el preacuerdo establece una inhabilidad de dos años y medio para ocupar cargos públicos.
También contempla el pago de una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales vigentes.
Guerrero manifestó igualmente su intención de ofrecer excusas públicas a la Fundación Universitaria San José por los daños ocasionados a su buen nombre.
De esta manera, el acuerdo incluye consecuencias económicas, políticas y reputacionales, además de la condena penal.
¿Por qué Juliana Guerrero no pagaría cárcel?
Esta es probablemente la pregunta que más interés genera alrededor del caso.
Aunque Guerrero sería condenada, la información conocida señala que no tendría que cumplir la sanción dentro de una cárcel, debido a que se trata de una pena excarcelable conforme a las condiciones aplicables al caso.
Por lo tanto, es importante diferenciar dos conceptos: que una persona sea condenada no significa necesariamente que deba cumplir la totalidad de la pena recluida físicamente en un establecimiento penitenciario.
En este caso concreto, el preacuerdo y las condiciones de la pena permitirían que Guerrero no pase un día en prisión, de acuerdo con la información consignada en el documento.
Los títulos falsos que originaron el escándalo
La investigación gira alrededor de dos títulos de pregrado que Guerrero obtuvo fraudulentamente de la Fundación Universitaria San José en julio de 2025.
El caso adquirió relevancia nacional por la relación de esos documentos con sus aspiraciones dentro del Gobierno.
Según el proceso, Guerrero reconoció que actuó con el propósito de llegar al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad durante 2025.
Precisamente por eso el proceso no quedó limitado a una controversia académica. El uso de los documentos para avanzar hacia un cargo público llevó el caso al terreno penal y derivó en la imputación por fraude procesal.
Fiscalía dice que Guerrero no recibió tratamiento privilegiado
Otro de los elementos abordados durante la formalización del preacuerdo fue la situación jurídica de la joven frente al Estado.
La Fiscalía aseguró que Guerrero no cuenta con fuero constitucional o legal y tampoco está siendo procesada en calidad de servidora pública.
Para efectos de este proceso, explicó el ente acusador, se trata de una ciudadana común y, según la Fiscalía, no recibió un tratamiento privilegiado ni discriminatorio dentro de la actuación judicial.
La precisión cobra relevancia debido a la exposición política que alcanzó Guerrero durante el gobierno anterior y a las discusiones públicas que ha provocado su proceso.
Exsecretario de la Fundación San José también aceptó responsabilidad
El expediente de Guerrero no ha sido el único relacionado con la expedición de los títulos.
Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, también aceptó su participación en la expedición de los documentos fraudulentos y fue sentenciado.
Esto demuestra que la investigación judicial no se ha concentrado exclusivamente en quien recibió los títulos, sino también en las actuaciones que se habrían producido dentro de la institución para permitir su expedición.
¿Qué sigue en el proceso contra Juliana Guerrero?
La firma del preacuerdo representa un paso determinante, pero el proceso judicial debe continuar conforme al procedimiento correspondiente.
Lo fundamental hasta ahora es que Guerrero aceptó responsabilidad por fraude procesal, se acordó modificar su grado de participación de autora a cómplice y se establecieron sanciones adicionales como la multa y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.
El caso, que comenzó como una controversia alrededor de la validez de unos títulos académicos, terminó convertido en uno de los episodios judiciales más relevantes relacionados con una figura vinculada al anterior Gobierno.
Ahora la atención estará puesta en la decisión judicial que formalice las consecuencias del preacuerdo y en los demás procesos o investigaciones que puedan desprenderse del escándalo.