Un juzgado laboral de Bogotá ordenó al presidente Abelardo De La Espriella y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) ocultar temporalmente publicaciones en Instagram que muestran cuerpos tras operativos de la Fuerza Pública, mientras se resuelve de fondo una acción de tutela.
La decisión judicial es una medida cautelar y provisional, por lo que no implica que el juez haya determinado definitivamente que las publicaciones sean ilegales o constituyan contenido violento. Precisamente, el despacho señaló que la medida se adopta mientras se establece si las imágenes cuestionadas pueden catalogarse como “violentas o explícitas”.
El proceso surgió a raíz de una tutela presentada por el representante a la Cámara Santiago Osorio, quien pidió intervenir frente a la difusión de este tipo de imágenes desde las cuentas oficiales del presidente y de la Presidencia de la República.
¿Por qué un juez ordenó ocultar los videos de la Presidencia?
El centro de la discusión está en el contenido de publicaciones difundidas a través de las cuentas oficiales del Gobierno.
De acuerdo con la información suministrada, las imágenes muestran al presidente Abelardo De La Espriella caminando junto a cuerpos de personas dadas de baja durante operaciones de la Fuerza Pública.
La tutela cuestiona que este material esté disponible públicamente en redes sociales y pueda ser visto por menores de edad.
El representante Santiago Osorio aseguró que la decisión busca proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente frente a contenidos que eventualmente puedan generar afectaciones psicológicas.
Según explicó el congresista, el juzgado tuvo en cuenta el artículo 18 de la Ley 1098 de 2006, relacionado con la protección de los menores frente a situaciones capaces de producir daño o sufrimiento psicológico.
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Las publicaciones no serán eliminadas definitivamente
Este es uno de los puntos fundamentales de la decisión.
La orden judicial conocida hasta el momento no dispone la eliminación definitiva de las publicaciones.
Se trata de un ocultamiento temporal mientras el juzgado estudia los argumentos de las partes y adopta una decisión definitiva sobre la tutela.
La medida establece expresamente que el contenido deberá ocultarse mientras se profiere una decisión de fondo, “sin que ello comporte su eliminación definitiva”.
Por lo tanto, hablar de una eliminación definitiva, censura permanente o prohibición absoluta sería ir más allá de lo que establece hasta ahora la providencia.
Presidencia deberá responder ante el juzgado
El proceso también contempla que la Presidencia pueda ejercer su derecho a la defensa.
De acuerdo con la providencia citada en la información suministrada, los accionados cuentan con dos días desde la recepción de la notificación para presentar información, pruebas y demás elementos relacionados con los hechos planteados en la tutela, particularmente respecto de los videos publicados en la cuenta oficial de la Presidencia.
El Gobierno podrá entonces explicar las razones detrás de la publicación del material y defender su posición frente al cuestionamiento sobre el carácter violento o explícito de las imágenes.
Esto será determinante para la decisión final.
Medida cautelar no tiene recurso
Otro elemento importante es la naturaleza jurídica de la determinación.
Según el documento suministrado, al tratarse de una medida provisional, la decisión no tiene recurso y deberá cumplirse mientras continúa el estudio de fondo de la tutela.
Eso significa que el presidente y el Dapre deben acatar temporalmente la orden, aunque posteriormente puedan presentar sus argumentos dentro del proceso.
El debate jurídico de fondo sigue abierto.
El juzgado deberá determinar si la publicación de las imágenes desde cuentas institucionales afecta derechos fundamentales y, particularmente, si existen razones suficientes para restringir permanentemente su difusión.
Meta, MinTIC, CRC e ICBF entran en el proceso
La discusión no involucra únicamente al presidente y a la Presidencia.
El juzgado consideró necesario vincular al trámite de la tutela a Meta Platforms Inc., la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Estas entidades deberán aportar conceptos relacionados con la tutela y la medida provisional.
La participación del ICBF adquiere particular importancia debido a que uno de los argumentos centrales de la acción está relacionado con la protección de niños y adolescentes frente a contenido potencialmente sensible.
Meta, como compañía responsable de Instagram, también puede aportar elementos relacionados con las políticas de contenido de la plataforma.
Debate entre información pública y protección de menores
El caso abre una discusión más amplia sobre los límites de la comunicación institucional en redes sociales.
Las cuentas oficiales de entidades públicas tienen una función informativa. En ellas se comunican decisiones gubernamentales, resultados operacionales, políticas públicas y actuaciones de las autoridades.
Sin embargo, cuando esas publicaciones incluyen imágenes sensibles, surge la discusión sobre la manera en que deben presentarse los resultados de operaciones militares y policiales.
En este caso particular, el juzgado todavía no ha definido de fondo si las publicaciones pueden considerarse violentas o explícitas. Esa es precisamente una de las cuestiones que deberá resolver dentro del trámite.
Por ello, la orden conocida debe entenderse como una decisión preventiva mientras se estudian los derechos que podrían estar involucrados.
¿Qué puede pasar ahora?
La Presidencia deberá presentar ante el juzgado sus explicaciones y las pruebas que considere pertinentes.
También se esperan los conceptos de las entidades y organizaciones vinculadas al trámite.
Después de analizar estos elementos, el despacho tendrá que tomar una decisión definitiva sobre la acción de tutela.
Hasta entonces, las publicaciones cuestionadas deberán permanecer ocultas de acuerdo con la medida provisional.
El caso podría convertirse además en un precedente relevante para la comunicación gubernamental en redes sociales, especialmente frente al uso de fotografías y videos sensibles relacionados con operaciones de seguridad.
Por ahora, la decisión judicial no resuelve definitivamente la controversia: ordena una medida temporal mientras el juez determina si existe o no una vulneración de derechos fundamentales.