Una grave alerta de seguridad se encendió en Antioquia luego de que las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá señalaran como “objetivo militar” a tres alcaldes del departamento, además de ciudadanos, líderes y servidores públicos. Ante la situación, el gobernador Andrés Julián Rendón pidió al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella reforzar la protección de los mandatarios locales y adelantar una ofensiva contra los grupos armados responsables de las amenazas.
Los alcaldes señalados son Luis Bernardo Molina Granda, de Santa Rosa de Osos; Ana Isabel Avendaño Duque, de Carolina del Príncipe; y Luis Guillermo Pérez, de Gómez Plata. Los tres municipios están ubicados en zonas del norte y nordeste antioqueño donde se ha reportado presencia de esa estructura armada.
La situación genera preocupación por las posibles consecuencias para la seguridad de los funcionarios y las comunidades de estos municipios, mientras las autoridades departamentales reclaman una respuesta contundente del Estado.
Disidencias de Calarcá amenazan a alcaldes de Antioquia
El gobernador Andrés Julián Rendón dio a conocer públicamente la situación y aseguró que las disidencias de Calarcá continúan generando temor en diferentes zonas de Antioquia.
Según el mandatario departamental, la amenaza menciona directamente a los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos, además de ciudadanos, líderes y servidores públicos.
La advertencia adquiere especial gravedad debido a las responsabilidades que tienen los mandatarios locales y a las condiciones de seguridad de los territorios donde ejercen sus cargos.
Desde la Gobernación se hizo un llamado para que las instituciones nacionales acompañen a los alcaldes y garanticen que puedan continuar ejerciendo sus funciones sin intimidaciones provenientes de organizaciones criminales.
¿Quiénes son los tres alcaldes amenazados?
La información conocida identifica a tres mandatarios municipales:
Luis Bernardo Molina Granda, alcalde de Santa Rosa de Osos; Ana Isabel Avendaño Duque, alcaldesa de Carolina del Príncipe; y Luis Guillermo Pérez, alcalde de Gómez Plata.
Los municipios se encuentran en el norte y nordeste de Antioquia, regiones donde la presencia y actuación de grupos armados ilegales se ha convertido en uno de los principales desafíos para las autoridades.
La amenaza no solamente plantea un riesgo individual para los alcaldes. También puede afectar el funcionamiento institucional de los municipios, debido a que cualquier intimidación contra sus autoridades puede generar consecuencias sobre la administración pública y la población.
Andrés Julián Rendón pide una ofensiva contra los grupos criminales
Tras conocerse las amenazas, el gobernador de Antioquia aseguró que los mandatarios municipales deben contar con el respaldo de toda la institucionalidad.
Rendón sostuvo que la capacidad del Estado debe estar dirigida a rodear a los alcaldes y permitirles gobernar sin intimidaciones. Asimismo, solicitó al Gobierno Nacional adelantar una ofensiva para neutralizar a las organizaciones criminales que amenazan a los habitantes del departamento.
El llamado está dirigido al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, en momentos en que la seguridad y la lucha contra las estructuras armadas ilegales ocupan un lugar central en la agenda nacional.
Para el gobernador, la respuesta debe darse independientemente de la organización o denominación utilizada por los responsables de los hechos.
Carolina del Príncipe ya había sufrido un atentado
La preocupación por la seguridad en esta zona de Antioquia tiene antecedentes recientes.
El pasado 7 de mayo, una explosión sacudió el área urbana de Carolina del Príncipe. Según las autoridades citadas en la información suministrada, se trató de un atentado con explosivos contra un establecimiento comercial ubicado en el parque principal del municipio.
Este antecedente aumenta la preocupación generada por las nuevas amenazas contra la alcaldesa del municipio y los mandatarios de Gómez Plata y Santa Rosa de Osos.
Las autoridades enfrentan ahora el reto de determinar el alcance de las intimidaciones y fortalecer las medidas necesarias para proteger tanto a los funcionarios públicos como a las comunidades.
Alias Calarcá y las disidencias en Antioquia
Alias Calarcá es señalado por las autoridades como uno de los responsables de graves acciones criminales ocurridas en territorio antioqueño.
De acuerdo con la información suministrada, a sus hombres se les atribuye el ataque ocurrido en Amalfi el 21 de agosto de 2025, cuando fue derribado un helicóptero de la Policía. En el atentado murieron 13 uniformados y la acción fue atribuida al frente 36 de las disidencias de las Farc.
El antecedente refleja la capacidad violenta atribuida a esta estructura y explica parte de la preocupación generada por las nuevas amenazas.
Al mismo tiempo, la organización habría venido perdiendo terreno en algunos municipios. La información conocida señala el caso de Briceño, donde alias Primo Gay habría negociado con el Clan del Golfo para cambiar de organización.
Seguridad de los alcaldes, nuevo desafío para las autoridades
Las amenazas contra funcionarios elegidos popularmente representan un desafío adicional para la seguridad en Antioquia.
Además de proteger la integridad de los tres alcaldes señalados, las autoridades deberán garantizar que las intimidaciones no interfieran en el funcionamiento de las administraciones municipales ni generen mayores afectaciones para los habitantes de las zonas amenazadas.
La Gobernación de Antioquia ha insistido en que los mandatarios no están solos y ha solicitado una intervención decidida del Gobierno Nacional contra las organizaciones responsables.
El caso vuelve a concentrar la atención sobre la situación de orden público en el norte y nordeste del departamento y sobre la capacidad de las autoridades para garantizar la presencia institucional en territorios donde operan estructuras armadas.
La respuesta del Gobierno Nacional y las medidas de protección que se adopten para los alcaldes serán determinantes frente a una amenaza que ya trascendió la seguridad individual de los mandatarios y que afecta directamente la institucionalidad local.