El alcalde de Medellín aseguró que la cifra incluiría contratos de EPM, Afinia y otras entidades descentralizadas. Gutiérrez viajó a Estados Unidos y afirmó que entregó al FBI información sobre posibles rutas utilizadas para mover recursos vinculados a los hechos que denuncia.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que el presunto entramado de corrupción que denuncia durante la administración de Daniel Quintero Calle, entre 2020 y 2023, podría superar los $2 billones si se incluyen contratos relacionados con EPM, Afinia y otras entidades del conglomerado público.
Gutiérrez entregó detalles de un nuevo viaje a Estados Unidos, donde sostuvo una reunión con funcionarios del FBI para presentar información que, según explicó, estaría relacionada con las rutas por las que se habrían movido recursos provenientes de contratos presuntamente direccionados.
El alcalde sostuvo que los casos bajo revisión no se limitarían a la administración central de Medellín, sino que también involucrarían contratos celebrados en entidades descentralizadas como EPM, su filial Afinia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Las afirmaciones de Gutiérrez corresponden a denuncias que deben ser contrastadas y determinadas por las autoridades judiciales. La existencia de investigaciones o señalamientos no implica responsabilidad penal de las personas mencionadas.
Gutiérrez estima más de $2 billones al incluir EPM y Afinia
Uno de los datos más fuertes entregados por el mandatario está relacionado con la dimensión económica que, según sus cálculos, tendrían los hechos denunciados.
Gutiérrez afirmó que, incluso sin contabilizar a EPM y todas las entidades descentralizadas, su administración estima en más de $1 billón el valor de contratos que presuntamente habrían sido direccionados.
La cifra, según el alcalde, aumentaría considerablemente al sumar los casos relacionados con otras empresas del conglomerado público.
“Si junta lo de EPM, lo de otras entidades como Afinia… fácilmente es direccionamiento de contratos superiores a los $2 billones”, afirmó Gutiérrez.
Ese monto corresponde a una estimación y denuncia realizada por el alcalde, y no a una cifra de recursos cuyo desvío haya sido establecido definitivamente mediante sentencia judicial.
Alcalde llevó información al FBI en Estados Unidos
Durante su visita a Estados Unidos, Gutiérrez aseguró haber entregado a funcionarios del FBI información sobre las presuntas rutas utilizadas para mover recursos vinculados con los hechos que viene denunciando.
El mandatario busca que las autoridades estadounidenses analicen posibles movimientos de dinero hacia ese país relacionados con personas y empresas que estarían bajo revisión.
El encuentro se suma a las gestiones que Gutiérrez ha realizado en Estados Unidos para poner en conocimiento de las autoridades información derivada de investigaciones y auditorías sobre la contratación pública durante la administración anterior.
Uno de los procesos judiciales mencionados en el artículo está relacionado con convenios por más de $16.000 millones que involucraron a los Bomberos Voluntarios de Itagüí y que tenían como propósito, entre otras actividades, suministrar elementos de bioseguridad a los cuerpos de bomberos de los municipios del Valle de Aburrá.
En ese expediente, Juan Alberto Cardona Henao, extesorero de la institución, aceptó mediante preacuerdo que falsificó documentos para presentar como verdaderos determinados costos de las operaciones. Por su parte, Misael Cadavid, exdirector de los Bomberos de Itagüí, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía y se convirtió en testigo.
Daniel Quintero sostiene que existe persecución judicial
La Fiscalía también adelanta actuaciones relacionadas con otras personas mencionadas en investigaciones sobre contratación pública en Medellín y el Área Metropolitana.
Entre ellas aparece Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde, junto con otros exfuncionarios y particulares. Según la fuente, la Fiscalía había solicitado audiencias de imputación y medidas de aseguramiento contra varios de los señalados dentro de uno de estos procesos.
Daniel Quintero, por su parte, ha rechazado los señalamientos y sostiene que los procesos contra antiguos integrantes de su administración hacen parte de una “persecución judicial”.
El exalcalde también ha cuestionado a Federico Gutiérrez por el caso Aguas Vivas. En ese proceso, Quintero había sido imputado, pero el procedimiento fue posteriormente declarado nulo por una juez, según la información recogida por la fuente.
Las investigaciones y procesos judiciales continúan, mientras las autoridades colombianas y, eventualmente, las estadounidenses deberán establecer el alcance y responsabilidad individual frente a los hechos denunciados.