El proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad comenzó con una revisión de contratos, programas, nómina y estados financieros. Entre los hallazgos preliminares reportados aparecen una nómina paralela que habría alcanzado los $21.600 millones y seis contratos por más de $82.090 millones que ahora serán examinados.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella inició una revisión administrativa y financiera del Ministerio de Igualdad en medio del proceso de liquidación de esta cartera, creada durante la administración de Gustavo Petro.
La tarea está bajo la responsabilidad de John Milton Rodríguez y contempla revisar programas, contratos, situación laboral, estados financieros y el funcionamiento del fondo adscrito al ministerio.
De acuerdo con la información conocida durante el proceso, una de las principales preocupaciones está relacionada con la baja ejecución de la entidad, que no habría superado el 6 %, además de la existencia de numerosos programas que deberán ser evaluados.
La instrucción del Ejecutivo es revisar los procesos, mantener aquellos programas que estén funcionando y proteger los recursos públicos y los derechos de los trabajadores. En caso de encontrarse posibles irregularidades, estas deberán ser trasladadas a las autoridades competentes.
Nómina paralela habría llegado a $21.600 millones
Uno de los puntos que concentra la revisión es el fondo adscrito al Ministerio de Igualdad.
Según las cifras conocidas y citadas por SEMANA, la denominada nómina paralela del fondo habría alcanzado los $21.600 millones, mientras que su director habría recibido una remuneración cercana a los $70 millones mensuales.
Estas cifras hacen parte de la información que está siendo examinada durante la liquidación y, por tanto, no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal.
El diagnóstico también apunta a una estructura administrativa que, según la publicación, tendría más personal dedicado a labores administrativas que a la ejecución directa de los programas.
Como parte de la reorganización, la junta del fondo, integrada por 12 personas, podría reducirse aproximadamente a cinco bajo un nuevo esquema de gobierno corporativo.
Revisan seis contratos por más de $82.090 millones
Otro frente que será examinado está relacionado con varios contratos celebrados cerca de la finalización del Gobierno Petro.
El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, denunció que Fonigualdad suscribió seis contratos por más de $82.090 millones a pocos días de terminar la anterior administración. Esos negocios jurídicos están siendo revisados, según la información publicada.
Al tratarse de una denuncia y de contratos sometidos a revisión, no se puede concluir únicamente a partir de esa información que los recursos hayan sido desviados o que existan responsabilidades individuales.
El Gobierno también pondrá la lupa sobre cerca de 707 programas, de los cuales aproximadamente 90 estarían actualmente en ejecución.
Después de analizar su viabilidad, presupuesto, nivel de ejecución y pertinencia, el número podría reducirse hasta aproximadamente 50 programas.
Los proyectos considerados necesarios y que funcionen correctamente serían conservados, mientras que otros podrían trasladarse a carteras como Interior, Agricultura y Educación. Los recursos que no deban continuar comprometidos podrían regresar al Ministerio de Hacienda.
Auditorías buscarán establecer qué ocurrió con los recursos
Uno de los mayores desafíos de la liquidación será establecer con precisión la situación financiera del Ministerio de Igualdad.
Según el reporte, los estados financieros presentan retrasos de entre tres y cuatro meses, razón por la cual se deberá actualizar la contabilidad y realizar una revisoría fiscal, una auditoría interna y posteriormente una auditoría forense.
Estas revisiones buscarán determinar si existieron irregularidades y, en caso de encontrar evidencia, establecer las eventuales responsabilidades correspondientes.
El proceso también deberá resolver la situación de cerca de 500 trabajadores provisionales. Aproximadamente 300 habrían manifestado encontrarse bajo alguna condición de estabilidad laboral reforzada, casos que deberán ser revisados individualmente y respetando las garantías legales.
Además, existen cerca de 1.000 trámites entre derechos de petición, tutelas y solicitudes de revisión, buena parte relacionados con asuntos laborales y de nómina.
La meta del proceso será establecer qué recibió la nueva administración, cuál es el verdadero estado financiero y administrativo de la entidad, qué programas deben continuar y si existen recursos públicos que puedan recuperarse.