La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, programada para el próximo 7 de agosto en Cali, continúa en firme luego de que el Congreso defendiera la legalidad del traslado de la ceremonia y el Consejo de Estado rechazara una solicitud que buscaba suspender el acto.
El Senado presentó un documento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que expuso los argumentos jurídicos para respaldar la realización de la posesión fuera de Bogotá.
Congreso sostiene que el traslado cumple la Constitución
En el documento, firmado por el secretario general del Senado, Diego Alejandro González, se explica que el cambio temporal de sede fue aprobado por el Congreso conforme a las normas constitucionales y al reglamento del Legislativo.
Según la corporación, la decisión fue adoptada respetando los procedimientos de deliberación, quórum y votación establecidos para este tipo de actuaciones.
Además, el Senado sostuvo que la demanda presentada contra la ceremonia no aporta pruebas suficientes para demostrar una amenaza grave o inminente que justifique suspender el acto presidencial.
Senado rechaza suspender la ceremonia
El Congreso argumentó que buena parte de la información solicitada por los demandantes corresponde a otras entidades del Estado encargadas de temas como logística, contratación, seguridad, presupuesto y gestión del riesgo.
Por esa razón, señaló que dichos documentos pueden incorporarse al proceso judicial durante el desarrollo de la investigación, sin necesidad de detener la posesión presidencial.
Asimismo, advirtió que suspender la ceremonia significaría intervenir anticipadamente en una decisión adoptada por el poder legislativo dentro de sus competencias constitucionales.
Consejo de Estado negó la suspensión
Mientras el Tribunal Administrativo de Cundinamarca continúa estudiando una acción popular relacionada con los costos del traslado de la ceremonia, el Consejo de Estado resolvió otra demanda que también buscaba frenar la posesión.
La Sección Quinta negó las medidas cautelares al considerar que no existían elementos suficientes para demostrar una afectación inmediata al orden constitucional.
Con esa decisión, la ceremonia del próximo 7 de agosto permanece oficialmente programada en la ciudad de Cali.
Continúan los procesos judiciales
Aunque la posesión sigue en firme, aún permanecen abiertos algunos procesos judiciales relacionados con el evento.
Uno de ellos analiza aspectos administrativos sobre los gastos derivados del traslado de la ceremonia desde Bogotá hacia Cali, mientras otro cuestionaba aspectos relacionados con la elegibilidad del presidente electo.
Por ahora, ninguna de estas acciones ha impedido la realización del acto protocolario, que se desarrollará como fue aprobado por el Congreso.
