La excandidata presidencial cuestionó una nueva norma expedida por el Ministerio de Agricultura y aseguró que podría generar efectos sobre la propiedad de la tierra sin intervención judicial.
La excandidata presidencial Paloma Valencia encendió el debate político tras cuestionar el Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro a pocos días de concluir su mandato.
Según la dirigente del Centro Democrático, la nueva reglamentación relacionada con la reforma agraria otorga facultades que podrían afectar la propiedad privada y alterar procedimientos establecidos en el sistema registral colombiano.
¿Qué cuestiona Paloma Valencia?
Valencia aseguró que el decreto amplía las facultades de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) más allá de lo contemplado en la ley.
De acuerdo con la exsenadora, la norma permitiría adelantar actuaciones administrativas sobre predios mediante promesas de compraventa y registros asociados a procesos de reforma agraria, lo que, en su opinión, podría generar efectos jurídicos antes de la culminación de los procedimientos tradicionales.
“El Gobierno acaba de expedir un decreto que pone en riesgo la propiedad privada en Colombia”, afirmó Valencia a través de sus redes sociales.
El debate sobre la reforma agraria
El Decreto 0765 modifica disposiciones reglamentarias relacionadas con el saneamiento y transferencia de predios destinados a programas de reforma agraria liderados por la Agencia Nacional de Tierras.
Uno de los puntos que ha generado controversia es la creación de mecanismos registrales asociados a predios declarados de utilidad pública o vinculados a procesos adelantados por la ANT.
La dirigente política sostiene que estas disposiciones podrían generar inseguridad jurídica y eventuales conflictos sobre la propiedad de la tierra.
Críticas al proceso de expedición
Paloma Valencia también cuestionó la rapidez con la que se adelantó el trámite administrativo.
Según explicó, el borrador estuvo disponible para comentarios ciudadanos durante pocos días antes de ser firmado oficialmente por el Gobierno Nacional.
La excandidata afirmó que el decreto podría enfrentar demandas ante el Consejo de Estado por presuntas incompatibilidades con normas superiores y con el régimen registral vigente.
Gobierno defiende la implementación de la reforma agraria
Aunque desde el Gobierno no se ha emitido una respuesta específica a las críticas de Valencia, el decreto hace parte de las herramientas impulsadas por la administración Petro para acelerar los procesos de acceso y formalización de tierras en el marco de la reforma agraria.
La discusión jurídica y política sobre el alcance de la norma podría trasladarse ahora a los tribunales y a los organismos de control, donde se evaluará su constitucionalidad y legalidad.
Nuevo frente de debate a días del cambio de Gobierno
La controversia surge cuando faltan pocas semanas para la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien ha manifestado posiciones críticas frente a varias iniciativas impulsadas por la administración saliente.
El futuro de esta reglamentación dependerá de las decisiones judiciales que eventualmente se adopten y de la postura que asuma el nuevo Gobierno frente a la implementación de la política agraria.
