Una auditoría forense reveló hallazgos financieros, administrativos y operativos que podrían derivar en responsabilidades fiscales, disciplinarias e incluso penales.
La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la situación de Coosalud EPS tras identificar múltiples irregularidades en el manejo de recursos públicos, fallas administrativas y posibles operaciones financieras que hoy son objeto de investigación.
Hallan deterioro financiero y problemas de liquidez
Según la auditoría realizada por el ente de control, la EPS presenta incumplimientos en indicadores clave como capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas.
Además, se evidenció un aumento significativo del pasivo, mayores niveles de endeudamiento y riesgos de liquidez que comprometerían la estabilidad financiera de la entidad.
Más de 72.000 medicamentos pendientes de entrega
Entre los hallazgos también se destacan problemas en la prestación de los servicios de salud.
La Contraloría reportó:
- Más de 72.000 entregas de medicamentos pendientes.
- Incremento de peticiones, quejas y reclamos (PQR).
- Fallas en la atención a los usuarios.
- Deficiencias en la gestión de cartera.
- Información contable considerada poco confiable.
Posibles pagos sin soporte por más de $25.000 millones
Uno de los puntos más delicados de la auditoría forense hace referencia a presuntos pagos realizados sin justificación suficiente.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran:
- Posibles pagos por más de $25.000 millones a empresas vinculadas.
- Uso de recursos de la EPS para respaldar un crédito privado de $221.000 millones.
- Posible utilización de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para gastos no asistenciales.
- Conflictos de interés en procesos de auditoría médica.
- Posible integración contable entre empresas relacionadas.
Ocho representantes legales en menos de dos años
La Contraloría también advirtió una fuerte inestabilidad administrativa dentro de la entidad.
De acuerdo con el informe, Coosalud tuvo ocho representantes legales en menos de dos años, situación que habría afectado la continuidad de la gestión y los mecanismos de control interno.
Riesgo de responsabilidades fiscales y penales
El organismo de control concluyó que los hallazgos podrían derivar en:
- Responsabilidades administrativas.
- Investigaciones disciplinarias.
- Procesos de responsabilidad fiscal.
- Eventuales actuaciones de carácter penal.
Las conclusiones ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes para determinar si existieron conductas que comprometan recursos públicos destinados a la atención de millones de afiliados.
